EL ACUERDAZO PRESIDENCIAL
En política las coincidencias no existen. Casualmente, hace días escuchamos de viva voz del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, un mensaje en el cual hacía un llamado a la ciudadanía para apoyar al movimiento de transformación encabezado por la 4T; días después Carlos Loret de Mola exhibió en su programa Latinus que algunos de los 966 contratos millonarios otorgados – por el ejército mexicano – por motivo de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía les fueron concedidos a diversas empresas fantasma y, posteriormente, el lunes 22 de Noviembre el Presidente de la República nos sorprendió a todos con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un “Acuerdo” en el cual declara la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México como asuntos de interés público y seguridad nacional.
Para analizar el contenido y consecuencias inherentes a la publicación de dicho acuerdo me dispondré a contestar tres preguntas: ¿en qué consiste? ¿quién se beneficia de su publicación? y ¿quién se perjudica de su publicación?
¿En qué consiste? Mediante este Acuerdo el Presidente pretende, bajo el argumento de que busca agilizar los trámites “burocráticos”, declarar como tema de “interés público” e “interés nacional” la realización de ciertos proyectos gubernamentales para así exceptuar de todo el régimen legal aplicable a las autorizaciones, licencias, permisos, concesiones, etc. inherentes a la ejecución de sus obras insignia; lo que se traduce en que se autorice rápido y en caliente todo lo referente a dichos proyectos. De modo que, proyectos como el Tren maya o la construcción de la Refinería de Dos Bocas, por medio de la creación de las “Autorizaciones Previas” – autorización que no figura en ninguna ley – podrán incumplir con todos los procesos administrativos necesarios para la obtención de permisos y licencias.
Aquí es importante resaltar que eso a lo que el López Obrador llama “trámites burocráticos” son todos aquellos procedimientos establecidos por las leyes a efecto de que toda autorización, licencia, concesión, etc. que se conceda cuente con los elementos que hagan efectiva su procedencia – tal y como las manifestaciones de impacto ambiental, impacto social, dictámenes de uso de suelo, etc. – y no afecten o afecten lo menos posibles los derechos de terceros, medio ambiente, comunicaciones, vialidades, etc. ¿No queremos tener desgracias como la de la Línea 12 del Metro, Colegio Rébsamen o Guardería ABC, verdad?
¿Quién se beneficia de su publicación? Los grandes ganadores de la publicación de dicho acuerdo son, por una parte, el ejército pues gracias a este régimen de excepción ilegal todos los proyectos y obras carentes de permisos, licencias, estudios, evaluaciones que están a su cargo tendrán que pre-autorizarse en un periodo no mayor a cinco días y, por otra parte, el Presidente puesto que con el acuerdo elimina todos los candados que las leyes le ponen a la ejecución de sus obras públicas.
¿Quién se perjudica de su publicación? TODO EL ESTADO DE DERECHO y la ciudadanía en general.
Veamos, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 6, 16 y 89 Fracción I de la Constitución Federal: toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional; todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado; el Presidente sólo puede emitir acuerdos que hagan posible y más sencilla la aplicación de las leyes. Asimismo, tenemos que el Artículo 110 de la Ley de Transparencia estipula que sólo se puede calificar como “información reservada” lo que comprometa la seguridad nacional.
De lo anterior se observa: que el acuerdo está viciado jurídicamente toda vez que de su lectura se advierte una deficiente e incorrecta fundamentación constitucional, en efecto, la fundamentación del acuerdo, además de incorrecta, es sumamente escueta y ni siquiera hace referencia a la Ley de seguridad – hasta una multa de tránsito está más fundamentada – y debería ¿no? si pretendes catalogar algo como “seguridad nacional” debes de irte a la ley de la materia; que el Presidente atenta con la división de poderes pues pretende imponerse sobre leyes emanadas del congreso, entre sus facultades no se encuentra el inventar conceptos nuevos o generar obstáculos que obstruyan la aplicación de las normas jurídicas; y por último, que los supuestos bajo los que pretende calificar como “información” reservada lo referente a sus proyectos no son aplicables, UNA COSA ES PRIORIDAD NACIONAL Y OTRA SEGURIDAD NACIONAL.
Si el Acuerdo se queda tal y como está, no estaremos en aptitud de saber en qué, dónde, por qué y por quiénes se gasta el dinero público destinado a dichas obras, y por ende no podríamos saber si en dado caso hay corrupción, sobrecostos o si existen problemas de diseño en la ejecución de los proyectos. El mantener en opacidad las obras insignia de la 4T representa un retraso de 20 años en la lucha por la transparencia, rendición de cuentas y uso no faccioso de la Administración Pública.
Saltarse las leyes crees creadas para velar por los DDHH de todos los mexicanos, ignorar lo establecido en la Constitución, evadir la responsabilidad de rendir cuentas ¿son actitudes de un demócrata? A mí se me hace que no, me huele más a las actitudes de un gobernante autoritario amiguitos. Un verdadero estatista hubiera procedido a ordenar una auditoría de los 966 contratos en lugar de haberse ido por la salida fácil de reservar toda la información y eliminar candados. El que nada debe, nada teme ¿sí o no raza?
Ahora sólo nos queda esperar las acciones legales que se espera promueva el INAI y los Senadores. DIGAMOS NO LEGALIZAR LA ILEGALIDAD. Nos vemos el próximo lunes.
PD: No se nos olvide que toooodos los Poderes del Estado están sometidos a las leyes, inclusive la SCJN ha dicho que el Ejecutivo se encuentra sometido al principio de subordinación jerárquica a la ley y al principio de supremacía de la ley, por lo que los actos de AMLO no pueden contradecir las leyes ni puede crear excepciones a ella. ¿Así o más claro? ESTE ACUERDO ES ILEGAL.
Autora: Stephany Acuña
Twitter: @Stepacuna