DEUDAS IMPAGABLES FT. PURO SINALOA
Lo que inició como un programa de renovación de unidades de transporte público con el fin de
mejorar el servicio, se ha convertido en un calvario para los concesionarios del estado de Sinaloa
ya que se encuentran incapaces de pagar las mensualidades y los intereses.
Iniciando el año 2019, el exgobernador Quirino Ordaz anunció en su cuenta oficial, cómo iban a ser
los nuevos camiones urbanos; modelo 2019, con aire acondicionado, un motor con tecnología
Euro V de bajas emisiones para el cuidado del medio ambiente, asientos preferenciales para
mujeres, adultos mayores y personas discapacidades, un innovador sistema de cámaras de
vigilancia, botón de pánico y rastreo de GPS. Una maravilla en términos de seguridad, innovación y
cuidado al medio ambiente.
El ex director de Vialidad y Transporte, y ahora diputado local, Feliciano Valle, alentó a los
concesionarios a cambiar esos camiones viejos que circulaban por las calles de Sinaloa, camiones
contaminantes e inseguros en los que las condiciones propiciaban asaltos, robos y gran cantidad
de accidentes por falta de mantenimiento. En 2019, se tenía registro de 2 mil 200 vehículos
públicos registrados y también se conocía que 235 estaban catalogados como deficientes, por no
describirlo con otras palabras, que también serían reemplazados.
Fue así como el Gobierno del Estado aportó un enganche del 10% y el resto sería amortizado para
los beneficiarios. Solamente había una exigencia del gobierno estatal, colocar el logotipo de que
caracterizaba la administración pasada y que era utilizada en todo lo relacionado a Quirino, el
logotipo “Puro Sinaloa”.
Después de hacer entrega de los camiones, pronto se empezaron a ver por todo Sinaloa, camiones
limpios, seguros y modernos, camiones que responden a las necesidades de nosotros como
usuarios. Fue así, como a mediados del mismo 2019, a través de estudios técnicos y revisiones de
campo se dio la dictaminarían del aumento de tarifas al transporte público urbano y suburbano.
Era más que evidente que los usuarios y la población en general pegarían el grito en el cielo, sin
embargo, el aumento estaba justificado en el aumento descomunal del precio del diésel y otros
factores como la inflación que había en ese momento.
Se aproxima lo crítico. Inicia marzo del 2020 con la noticia de que, en Culiacán, se encuentra el
primer sospechoso de coronavirus en Sinaloa, el virus que ha causado tantos estragos en la
sociedad; lo anterior acarreó consigo una serie de medidas precautorias emitidas por las
autoridades municipales, estatales y federales. Lo que a su vez provocó una disminución de la
movilidad de usuarios del transporte público por temor a contagiarse, cierre de espacios de
trabajo y el cambio en las dinámicas laborales (home office).
Lo antes mencionado provocó una reducción en los ingresos diarios que tenían los choferes que
informaban directamente a los patrones que en realidad no salía ni para el diésel. Ahora
imagínense aquellos beneficiarios del programa, que tenían que pagar sueldos, impuestos, diésel,
mantenimiento, insumos anti-covid y adicional, una mensualidad aproximada de 40 mil pesos por
el nuevo camión y que, para su mala suerte, restringieron la capacidad de cupo en los camiones de
17 personas. Fue, sin duda alguna, una crónica de una muerte anunciada para los camiones de
Puro Sinaloa.
Es así como llego a lo que quiero exponerles; considero que este programa de renovación, vino a
beneficiar a nosotros como usuarios del transporte público, aun con las deficiencias identificadas
desde su formulación. Era claro que el proyecto completo no tenía en sus diversas matrices el
estallido de una pandemia mundial, menos el impacto económico, social y político que provocaría.
Hoy por hoy, se encuentran varias notas relacionadas a la devolución de los camiones por el
impago de la deuda que se adquirió, problemática que tuvo repercusiones legales y financieras
con el congelamiento de cuentas de propietarios y avales, hipoteca de casas para pagar intereses y
abonar las mensualidades hasta la última instancia que es la devolución del camión con un pago
extra que está exigiendo la financiera.
Esto es una bomba de tiempo, un problema que se tiene que atender de una buena vez ya que,
nosotros como usuarios del transporte público, no queremos de vuelta las unidades viejas,
obsoletas y peligrosas en las calles (situación a la que se está orillando al concesionario). Espero
que las alianzas, el actual gobierno del estado y la financiera lleguen a un acuerdo accesible,
porque de otra manera, continuará el martirio que aqueja a los transportistas.
