LA ACTUALIDAD DE LOS MIGRANTES EN MÉXICO. ENTRE EL ESTIGMA Y LA VULNERABILIDAD
La llega de caravanas migrantes a México en los últimos años ha sido, quizás, la referencia más utilizada para entender el fenómeno de la migración en nuestro país. A partir de las primeras caravanas llegadas en 2018, el público mexicano bombardeado por la cobertura mediática brindada a esta nueva forma de migrar comenzó a polarizarse; en gran medida esto sucede gracias a las notas en medios nacionales e internacionales que asociaban a los solicitantes de asilo con debates en torno a las declaraciones antinmigrantes del entonces presidente Donald Trump, los reportajes que hablaban de la llegada de criminales y fugitivos entre la multitud, así como con los enfrentamientos entre migrantes y autoridades mexicanas.
Sin embargo, de manera silenciosa, otro tipo de migración continuó circulando por el país. Esta migración muda es la que había sido más recurrente por las personas en tránsito por México durante las últimas décadas. Se caracteriza por la movilidad a partir de pequeños grupos de personas, acompañadas por polleros o coyotes, que, a difere cia de las caravanas, buscan alejarse de la vista de las autoridades, la sociedad y de los reflectores de los medios de comunicación. Este tipo de migración tiene como objetivo llegar a Estados Unidos, no a través de una solicitud de refugio, sino a través del cruce indocumentado de su frontera para poder insertarse en el mercado laboral estadounidense.
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Si bien la Constitución Mexicana y la Ley de migración de 2011 acepta que las personas migrantes puedan entrar al país, y las reconoce como sujetos de derechos en igualdad de condiciones que cualquier otro mexicano, es una realidad que el endurecimiento de la seguridad en la frontera sur estadounidense desde los años 90 ––y mexicana a partir del 2008–– así como el incremento de los índices de la violencia, el narcotráfico y las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades, aunadas a la discriminación y racismo existente en la sociedad de nuestro país, convierten al territorio mexicano en un trayecto altamente peligroso de transitar.
Trabajos como el de Amarela Varela sostienen que México, más que ser un trayecto de paso, ha fungido históricamente como una especie de “Frontera Vertical”, es decir, un territorio en donde las personas en tránsito terminan por pagar todo tipo de extorsiones y sufrir diferentes episodios de violencia, tanto de la delincuencia organizada como por parte de instituciones gubernamentales, con tal de cruzarlo. La migración en caravanas ha sido precisamente una respuesta social organizada ante las violencias del Estado mexicano y de las redes de trata de personas contra aquellos que migran, en una suerte de ejercicio de autodefensa para pelear por un trayecto digno hacia su destino. Aunque esto no quiere decir que la migración tradicional en grupos pequeños haya dejado de existir.
Sin embargo, la realidad hoy en día muestra que la migración, ni en la luz ni en la sombra, escapa del fantasma del estigma y la vulnerabilidad. Por un lado, el pasado 12 de diciembre se expresó públicamente la reanudación del Programa Quédate en México, después de meses suspendido por la pandemia del COVID-19. Este programa ––puesto en marcha por primera vez en enero de 2019 para atender la llegada de las caravanas a la frontera norte de México–– supone que las personas en proceso de asilo en Estados Unidos deben permanecer en México hasta la finalización de su trámite.
Desde su implementación hasta antes de su suspensión en 2020, más de 60 mil personas fueron devueltas a México, lo que supuso una crisis en las capacidades de alojamiento de ciudades fronterizas. Ahora, con el anuncio de reanudación se incrementa el ambiente de tensión en ciudades como Tijuana, que actualmente se encuentra rebasada y ya espera alrededor de 9 mil personas más, producto de la reanudación del programa. Consecuentemente, los migrantes que ya se encuentran en las ciudades mexicanas son presionadas para regresar a sus países debido a las condiciones de precariedad existentes en los albergues, y a la larga espera que implica el proceso de refugio.
Por otro lado, la migración anónima no supone tampoco una mejoría en cuanto a las condiciones de tránsito por el país, por el contrario. La volcadura del tráiler que transportaba más de 160 migrantes el pasado jueves nueve de diciembre en Chiapas, y que dejaría un saldo de 55 personas muertas y alrededor de 100 más heridas es una muestra clara de la crisis migratoria que enfrenta la región. Además, deja entrever que la política de contención y criminalización migratoria permanece como el dogma en las autoridades mexicanas y perpetúa la vulnerabilidad de los migrantes en tránsito, orillándolos a recurrir a redes de trata de personas para cruzar hacia Estados Unidos.
Ante este panorama se vislumbra la necesidad de un cambio de enfoque en las políticas migratorias y de refugio en México. Este cambio debería obedecer a visiones humanitarias y de respeto a los derechos humanos, en comparación con la perspectiva de seguridad que ha dominado la política migratoria mexicana y que tanto ha incentivado el estigma criminalizante hacia los migrantes. Asimismo, se deben ofrecer alternativas para quienes deciden permanecer en México, y no solamente asistirlos a través de programas de retorno voluntario.
La modernización de las políticas migratorias y de asilo en México, pues, debe atender las causas estructurales de la migración regional, pero no sólo a partir de la contención de esta, sino a partir de la prevención del desplazamiento forzado en los países de origen, así como de estrategias de integración para aquellos que ya se encuentran fuera de sus países. En este esquema, la colaboración entre los gobiernos de Estados Unidos, México y los países centroamericanos es fundamental, pero también lo es incorporar las experiencias aprendidas por las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, que han venido atendiendo este fenómeno en los últimos años.
El reto sin embargo es muy grande. La atención del tema migratorio generalmente carece de voluntad política, en parte, porque no es un tema popular para quienes están al frente de las autoridades gubernamentales. Además, la modernización del aparato de atención migrante se enfrenta a la xenofobia, el clasismo y la discriminación de una sociedad mexicana golpeada por la desigualdad, el crimen organizado, la violencia de género, así como por la desconfianza en sus instituciones. El reto entonces es atacar el estigma construido alrededor de la figura del migrante para revalorizarla como una persona con dignidad y portadora de derechos humanos.
