PRIVILEGIOS SÍ, DEMOCRACIA NO: INE
Por Enrique Ramírez Godoy.
Un debate público que lleva semanas, el que ha suscitado el INE, al afirmar que no cuentan con el presupuesto suficiente para realizar el ejercicio de Revocación de Mandato para este año 2022.
Recordemos que ésta figura de la revocación de mandato tiene su propio marco jurídico, y sus disposiciones normativas como la Ley Federal de Revocación de Mandato que se desprende una ley reglamentaria del artículo 35 fracción IX de la Constitución Política federal, surge de la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato, aprobada en 2019.
Ambos mecanismos democráticos deberán ser organizados por el INE, órgano autónomo encargado de regular, coordinar y organizar los procesos electorales en nuestro país, así como también aquellos procesos de consulta y participación ciudadana. Sin embargo, al INE (antes IFE), sólo lo vemos trabajar cuando hay elecciones, y pese a que es, desde 1990 un órgano constitucional autónomo del Estado mexicano, ha sido el aval de los más grandes fraudes electorales en la historia política nacional. Eso aunado a que en las últimas décadas ha sido una institución donde predomina el derroche y la ostentación, los grandes privilegios y sueldos que tienen los altos funcionarios del INE, refleja en el panorama internacional como el instituto electoral más caro en el mundo.
Es por ello que enfrentar nuevos paradigmas democráticos como el de una Consulta Popular o de Revocación de Mandato no resulta nada fácil. No olvidemos al más reciente ejercicio del 1 de agosto, donde el INE quedó mucho a deber a la exigencia popular instalando sólo el 33% de las casillas para que la ciudadanía no pudiera participar, imposibilitando las condiciones para que el pueblo pudiera ejercer su derecho, como ejemplo el establecer una mesa receptora hasta 50 kilómetros de distancia del domicilio de los habitantes en determinada sección electoral.
El principal argumento para justificarse fue el del presupuesto asignado; la poca falta de recursos materiales y humanos. Son los mismos que utilizan ahora, pero el problema sigue siendo el mismo, la ausencia de un plan de austeridad efectivo, pues sigue predominando una política interna del derroche, sueldos y bonos excesivos, desmedidos.
El día de ayer el Gobierno de México presentó un plan de austeridad para el Instituto Nacional Electoral, el cual destaca la reducción de los sueldos de aquellos funcionarios de alto nivel, que rebasan incluso el sueldo del presidente de la República.
Este plan prácticamente consiste en reducir gastos, realizar la consulta implementando un nuevo tabulador de sueldos de mandos, ya que disminuye gastos en celulares, gastos médicos mayores, separación individualizada, gasolina, viáticos, alimentación, papelería y otros.
Thalía Lagunas Aragón, oficial mayor de la SHCP, mencionó que el instituto electoral cuenta con dos fideicomisos para atender pasivos laborales y su infraestructura, con un saldo con corte al 30 de septiembre, de mil 360 millones pesos y que, al cierre de 2021, contaba con disponibilidad de 868.7 millones de pesos.
La funcionaria subrayó que, con base en un análisis realizado por su dependencia, el INE tiene una disponibilidad total de 2 mil 972 millones de pesos.
Es poca la credibilidad del INE, se les ha pedido detener el despilfarro de recursos, ahora se les propone un plan de austeridad, pero aún así los consejeros del INE seguirán diciendo que el dispendio de recursos públicos no parará, pues ellos son “autónomos”, no hay ninguna razón por la que el INE continúe aferrándose a vivir en el dispendio cuando la voluntad popular es otra.
