Por Yezda Mejía
Una mochila de emergencia, un mundo interconectado y una pregunta incómoda: ¿qué tan preparados estamos?
Hay cosas que uno escucha desde pequeño y que, con el paso del tiempo, terminan convirtiéndose en recomendaciones casi automáticas. Tener los documentos importantes a la mano, identificar las salidas de emergencia, guardar algunos medicamentos, contar con una linterna o procurar que la familia sepa qué hacer si ocurre un sismo. En México, hablar de una mochila de emergencia no es precisamente una novedad. Desde hace años, las autoridades de protección civil han promovido esta medida como parte de la preparación ante desastres naturales, particularmente en un país cuya historia está marcada por terremotos, huracanes y otras contingencias. Sin embargo, eso no significa que sea una práctica conocida o incorporada por toda la población. Quizá por eso las recientes noticias han llamado tanto la atención: para algunos representan un recordatorio de algo que ya conocían; para otros, el primer acercamiento a una recomendación que ahora parece estar adquiriendo una dimensión internacional.
Incluso durante mi paso por la Cruz Roja Mexicana, bajo la Coordinación General de Voluntariado, recuerdo haber conocido iniciativas que buscaban precisamente fortalecer esta cultura de prevención. Por eso, cuando recientemente comenzaron a circular noticias sobre gobiernos de distintas partes del mundo que exhortan a sus ciudadanos a preparar suministros para sobrevivir durante al menos 72 horas, mi primera reacción no fue de sorpresa. Lo que sí llamó mi atención fue el contexto y, sobre todo, la controversia que comenzó a generarse alrededor de estas recomendaciones.
¿Desde cuándo preparar una mochila de emergencia se convirtió en motivo de preocupación internacional? ¿Estamos frente a una nueva advertencia sobre el escenario mundial o simplemente estamos empezando a reconocer riesgos que durante mucho tiempo permanecieron fuera de nuestra conversación cotidiana?
De acuerdo con información publicada recientemente por El Economista, más de 50 países cuentan con recomendaciones para que sus habitantes almacenen provisiones ante posibles emergencias. Sin embargo, conviene hacer una precisión: no todos establecen el mismo periodo de autonomía, ni han emitido sus recomendaciones al mismo tiempo o por las mismas razones. Algunos contemplan 72 horas; otros hablan de cuatro días, una semana o periodos diferentes. Lo relevante no es únicamente el número de países, sino la amplitud de los escenarios para los que se busca preparar a la población.
En México, por ejemplo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres ya recomendaba desde 2018 organizar una mochila de emergencia con artículos suficientes para afrontar las primeras 72 horas posteriores a un desastre. Agua, alimentos no perecederos, documentos, medicamentos, una radio portátil y una linterna forman parte de las recomendaciones que durante años han acompañado nuestra cultura de prevención. Es decir, no estamos descubriendo ahora la importancia de prepararnos; lo que está cambiando es la dimensión de aquello para lo que debemos estar preparados.
Y es precisamente ahí donde el escenario internacional adquiere relevancia.
En marzo de 2025, la Unión Europea presentó su Estrategia de Preparación, una iniciativa que parte del reconocimiento de que las crisis contemporáneas difícilmente pueden entenderse de manera aislada. La propuesta contempla riesgos naturales, conflictos geopolíticos, amenazas híbridas, ciberataques, manipulación de información y afectaciones a servicios esenciales. Entre sus objetivos se encuentra que la población pueda mantener un nivel básico de autonomía durante al menos 72 horas ante una emergencia.
Como parte de esta estrategia, la Comisión Europea también ha impulsado nuevas directrices para fortalecer la preparación de la población. Estas no se limitan a recomendar una mochila: también contemplan incorporar conocimientos de prevención en las escuelas, considerar las necesidades de las personas con discapacidad y mejorar la comunicación de riesgos por parte de las autoridades. La intención es construir una cultura de preparación que involucre no solamente a los ciudadanos, sino también a las instituciones, las empresas y las comunidades.
La pregunta, entonces, deja de ser qué debemos guardar dentro de una mochila y comienza a ser por qué tantos gobiernos están ampliando su concepto de seguridad.
Durante décadas, cuando hablábamos de protección civil, nuestra imaginación se dirigía principalmente hacia amenazas físicas y geográficamente identificables: terremotos, huracanes, inundaciones, incendios o erupciones volcánicas. Hoy, sin que esos riesgos hayan desaparecido, se incorporan otros que pueden comenzar lejos de nuestro territorio y tener consecuencias directas en nuestra vida cotidiana.
Un ejemplo reciente ocurrió en Europa. A principios de noviembre, supermercados de distintos países reportaron incidentes en sus sistemas de refrigeración después de que las temperaturas de cámaras frigoríficas y congeladores fueran alteradas mediante ataques informáticos. Algunos establecimientos tuvieron que desechar alimentos que ya no podían garantizarse en condiciones adecuadas. Los incidentes se sumaron a otros registrados semanas antes en Francia. Aunque las investigaciones continúan y no se ha identificado públicamente a los responsables, el caso expone una vulnerabilidad que merece atención: incluso algo tan cotidiano como conservar alimentos depende hoy de sistemas tecnológicos conectados y susceptibles de ser intervenidos.
Pensemos por un momento en lo que esto representa. Un refrigerador que deja de funcionar puede parecer un problema menor frente a las grandes amenazas que ocupan los titulares internacionales. Sin embargo, cuando el mismo problema afecta a decenas de establecimientos y compromete productos destinados al consumo de miles de personas, deja de ser una simple falla técnica. Se convierte en un asunto de abastecimiento, seguridad alimentaria y funcionamiento de las cadenas de suministro.
Y no se trata únicamente de alimentos. Nuestra vida diaria depende de redes eléctricas, sistemas de telecomunicaciones, plataformas bancarias, servicios de transporte, infraestructura hidráulica y mecanismos digitales que rara vez vemos, pero de los que dependemos prácticamente para todo. Basta con que uno de esos sistemas falle para que otros comiencen a resentir sus efectos. Un apagón prolongado puede interrumpir comunicaciones, limitar operaciones comerciales y dificultar el acceso a servicios básicos. Una falla en los sistemas de pago puede dejar temporalmente fuera de funcionamiento actividades que hoy damos por sentadas. Un ciberataque contra infraestructura crítica puede producir consecuencias que trascienden ampliamente el espacio digital.
La paradoja es evidente: hemos construido sociedades extraordinariamente conectadas, eficientes y dependientes de la tecnología, pero esa misma interconexión también puede convertirse en una fuente de vulnerabilidad. Nos acostumbramos a que todo esté disponible con un clic, a que los alimentos lleguen a los supermercados, a que la electricidad fluya y a que podamos comunicarnos desde prácticamente cualquier lugar. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar qué sucede cuando esas condiciones dejan de existir, aunque sea temporalmente.
Desde luego, sería un error interpretar estas recomendaciones como una confirmación de que una guerra mundial o una catástrofe global están próximas. Prepararse no equivale a anunciar que algo va a suceder. Las 72 horas representan un margen de autonomía para que las personas puedan cubrir necesidades básicas mientras los servicios de emergencia atienden una contingencia y las autoridades trabajan para restablecer la normalidad. No es una cuenta regresiva ni una predicción.
Pero también sería ingenuo ignorar el entorno en el que estas recomendaciones están adquiriendo relevancia. Las tensiones geopolíticas, los conflictos armados, los ataques a infraestructura, la competencia tecnológica, los fenómenos climáticos extremos y las interrupciones de las cadenas de suministro forman parte de un escenario internacional cada vez más complejo. No significa que todos estos riesgos vayan a materializarse simultáneamente, sino que los gobiernos necesitan contemplar distintos escenarios y desarrollar capacidades para responder a ellos.
Hay otro aspecto que merece atención: la manera en que recibimos y procesamos esta información. En redes sociales, una recomendación de prevención puede transformarse rápidamente en una supuesta advertencia de guerra inminente. Pasamos de la indiferencia al pánico con una facilidad preocupante. Y en medio de esa reacción, muchas veces dejamos de distinguir entre una política pública de prevención, una evaluación de riesgos y una alerta real.
La información sin contexto puede generar miedo; pero la ausencia de información también puede dejar a una sociedad vulnerable. Por eso, la comunicación institucional es tan importante como la preparación material. Los gobiernos tienen la responsabilidad de explicar por qué recomiendan determinadas medidas, qué riesgos buscan atender y qué tan probable es que ocurran ciertos escenarios. La ciudadanía, por su parte, necesita herramientas para informarse sin convertir cada noticia en una amenaza inmediata.
Sin embargo, hay una reflexión que no deberíamos perder de vista: preparar a la población no puede convertirse en una manera de trasladarle toda la responsabilidad de la seguridad. Una mochila de emergencia puede marcar una diferencia importante durante las primeras horas de una contingencia, pero no sustituye la obligación de los Estados de mantener infraestructura resiliente, proteger servicios esenciales, fortalecer sus sistemas de protección civil y garantizar mecanismos eficaces de respuesta. Tampoco reemplaza la coordinación entre gobiernos, empresas y sociedad civil.
Una sociedad preparada no es aquella en la que cada familia tiene una mochila lista y las instituciones se limitan a recomendarla. Es aquella en la que los ciudadanos saben cómo actuar, las autoridades tienen capacidad para responder y los servicios esenciales cuentan con mecanismos para resistir y recuperarse ante una interrupción.
Quizá por eso esta conversación merece ir mucho más allá de una lista de artículos que debemos guardar. La mochila de emergencia no representa necesariamente la antesala de un mundo en colapso; representa el reconocimiento de que la normalidad no es tan inquebrantable como solemos creer.
Durante mucho tiempo nos enseñaron a tener nuestros documentos importantes a la mano porque nunca sabíamos cuándo podríamos necesitarlos. Hoy, la pregunta es mucho más amplia: ¿qué tan preparados estamos para un escenario en el que no podamos depender, al menos por un tiempo, de aquello que hace funcionar nuestra vida cotidiana?
Porque tal vez el verdadero riesgo no sea únicamente que algún día tengamos que abrir una mochila de emergencia. Tal vez sea descubrir, justo cuando más la necesitemos, que nunca nos preocupamos por preparar algo más importante: la capacidad de nuestras sociedades para seguir funcionando cuando la normalidad deja de hacerlo.
