Culiacán, Sinaloa. 17 Noviembre 2026.- En la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Sinaloa de este martes, se dio primera lectura a una iniciativa presentada por las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense (PAS), la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez y el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, mediante la cual se propone reformar el Código Penal estatal para sancionar conductas de coacción que actualmente no se encuentran plenamente reguladas y permitir una intervención oportuna de las autoridades.
De acuerdo con los legisladores promoventes, la propuesta tiene como objeto fortalecer el marco penal de la entidad a través de la armonización normativa en materia de extorsión, la precisión del delito de cobranza ilegítima y la incorporación de la figura de hostigamiento coercitivo.
En la exposición de motivos, los diputados señalaron que la extorsión representa un fenómeno creciente tanto a nivel nacional como en Sinaloa, convirtiéndose en una amenaza para el desarrollo económico y social que afecta directamente a familias, pequeños negocios y empresas, al deteriorar su patrimonio y limitar sus oportunidades de crecimiento.
Asimismo, explicaron que la reforma permitirá sancionar a quienes, aun sin buscar la obtención de un beneficio económico —como la exigencia de un pago—, ejerzan actos de violencia dirigidos a anular la voluntad de otra persona, incluso sin causarle un daño patrimonial directo. En ese sentido, el tipo penal de hostigamiento coercitivo se define como un patrón continuo de amenazas, presiones, intimidación o humillación que, sin llegar a consumarse como extorsión, impone violencia física o moral para someter y controlar a la víctima.
La iniciativa contempla además diversas agravantes, entre las que destacan el uso de imágenes, audios o videos de contenido íntimo —reales o simulados— como mecanismo de presión, así como el hecho de que la conducta sea cometida desde centros de reclusión o por personas servidoras públicas en ejercicio de sus funciones.
Finalmente, los integrantes de la bancada del PAS indicaron que con estas modificaciones se busca cumplir con el mandato de armonización derivado del nuevo marco jurídico nacional y dotar de mayores herramientas a las instituciones de procuración de justicia. Para esta conducta se propone una pena de tres a siete años de prisión, contemplando también que, en los casos donde sea socialmente justificado, puedan aplicarse mecanismos alternativos de solución de controversias que propicien la justicia restaurativa en beneficio de la población y los sectores productivos del estado.


