Ciudad de México. 18 Noviembre 2026.- La senadora por Sinaloa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paloma Sánchez Ramos, presentó ante el Senado de la República un punto de acuerdo mediante el cual exhorta a la Fiscalía General de la República (FGR) a informar sobre los avances, resultados y conclusiones de las investigaciones relacionadas con Rubén Rocha Moya y otros nueve exfuncionarios y funcionarios, quienes fueron señalados por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en delitos vinculados al narcotráfico y la portación de armas de fuego.
Durante su exposición, la legisladora recordó que dichas imputaciones se hicieron públicas el pasado 29 de abril de 2026, y que posteriormente, el 28 de mayo, la FGR dio a conocer que cinco de las diez personas señaladas habían comparecido ante la autoridad ministerial. No obstante, advirtió que, a más de seis meses de aquellos hechos, no existe información pública sobre una determinación jurídica definitiva respecto a la situación de Rocha Moya, cuestionando que permanezca en su domicilio mientras la población sinaloense enfrenta las consecuencias de la crisis de inseguridad.
Asimismo, Sánchez Ramos solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantener las restricciones sobre las cuentas y recursos bancarios de Rubén Rocha Moya, siempre que subsistan los indicios suficientes y los fundamentos legales que justifiquen su inmovilización. De igual forma, pidió que la dependencia remita al Senado un informe detallado sobre los criterios jurídicos para sostener o modificar dichas medidas cautelares, en estricto apego a las resoluciones judiciales y a los límites legales de confidencialidad.
La congresista priista precisó que el pasado 13 de noviembre la UIF notificó el acatamiento de una suspensión provisional que permite al señalado acceder parcialmente a recursos bancarios provenientes de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Ante ello, consideró indispensable que las autoridades hacendarias expliquen con claridad el sustento de las restricciones financieras originales y de cualquier modificación aplicada.
Finalmente, la senadora subrayó que su proposición tiene como objetivo garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en torno al curso de las indagatorias ministeriales y al manejo de los recursos financieros, reiterando su señalamiento sobre la responsabilidad política del exmandatario en la crisis de violencia que afecta a Sinaloa desde hace más de dos años y que ha dejado miles de víctimas.


