23 Diciembre de 2025.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano que debería tener lupa permanente sobre el uso del dinero público, hoy enfrenta un señalamiento serio que pone en duda su propio funcionamiento.David Colmenares Páramo, titular de la ASF, fue denunciado por omisión e incumplimiento de sus obligaciones legales en un caso que exhibe la fragilidad institucional de uno de los pilares del sistema anticorrupción en México.
La denuncia fue presentada el 23 de diciembre de 2025 por Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados. El señalamiento apunta directo al corazón del problema: la inacción sistemática del auditor superior en su papel como coordinador del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF)
De acuerdo con la denuncia, Colmenares habría dejado en pausa —literal— las funciones básicas del Comité Rector del SNF, órgano que por ley debe sesionar al menos cada seis meses. Sin embargo, no existe registro público de reuniones desde 2019, lo que implica que durante casi cinco años el sistema encargado de coordinar la fiscalización del gasto público federal operó en modo fantasma.
Cinco años sin reuniones no es un detalle administrativo, es un síntoma político. Significa ausencia de liderazgo, falta de coordinación y una peligrosa normalización de la omisión en un país donde la corrupción no se combate con discursos, sino con auditorías, seguimiento y consecuencias. Según el documento presentado, esta falta de acción habría inducido a otros integrantes del sistema a tomar decisiones “insuficientes e ineficaces”, debilitando aún más el andamiaje institucional.
El caso resulta especialmente grave si se considera que la ASF es el órgano técnico constitucional encargado de revisar cómo se gasta el dinero de todas y todos. Cuando quien fiscaliza no cumple, el problema deja de ser técnico y se convierte en político: ¿quién vigila a los vigilantes cuando se quedan cruzados de brazos?
Desde una visión progresista, la rendición de cuentas no puede ser selectiva ni decorativa. La lucha contra la corrupción exige instituciones activas, no estructuras burocráticas que sobreviven por inercia. El señalamiento contra Colmenares ocurre en un contexto donde la ciudadanía, particularmente las juventudes, exige transparencia real, no simulaciones institucionales.
La denuncia solicita el inicio de un procedimiento administrativo que podría derivar en sanciones si se acredita el incumplimiento reiterado de funciones. Más allá del desenlace legal, el mensaje político es claro: la transformación no se construye con omisiones ni con silencio institucional
En tiempos donde cada peso del erario cuenta y cada decisión pública tiene impacto social, la fiscalización no puede estar en pausa. La transparencia no admite vacaciones de cinco años. Y si alguien no está haciendo su trabajo, la exigencia es simple y directa: **que rinda cuentas.
