Por Yezda Mejía
En 1988, el sur de Guayaquil fue escenario de una represión estatal que dejó desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Treinta y siete años después, en 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visita Ecuador no para hablar únicamente del pasado, sino para advertir sobre un presente marcado por la inseguridad, el riesgo para defensores de derechos humanos y la fragilidad del acceso a la justicia. Las fechas no son una coincidencia: son un espejo.
La preocupación de la CIDH no se limita al Caso Malvinas como hecho histórico. Lo que está en juego es algo más profundo y más incómodo: la forma en que la impunidad del pasado sigue determinando el presente. Cuando crímenes de lesa humanidad permanecen sin castigo durante décadas, la democracia se debilita. La impunidad actúa como un virus silencioso que erosiona el Estado de Derecho y normaliza la violencia institucional. El mensaje es devastador: el poder puede violar derechos sin consecuencias reales.
¿Qué tipo de presente construimos cuando la verdad necesita protección?
La falta de justicia no es neutra. Cuando el Estado ignora o protege a los responsables de ejecuciones y desapariciones, transmite dos lecciones peligrosas. A la fuerza pública, que es posible actuar fuera de la ley si se invoca el discurso del “orden” o la “seguridad”. A la ciudadanía, que la justicia es frágil y que el poder rara vez rinde cuentas. En ese aprendizaje forzado se construye el ciclo de la violencia.
El Caso Malvinas no es un episodio aislado ni una anomalía del pasado. Es el síntoma de un “contrato de impunidad” que acompañó a muchas transiciones democráticas en América Latina, donde la justicia fue postergada o negociada en nombre de una estabilidad aparente. El costo de ese pacto no declarado se paga hoy: con desconfianza, con miedo y con una democracia incapaz de proteger plenamente los derechos humanos.
La visita de la CIDH funciona como un espejo incómodo. Como máximo organismo interamericano de derechos humanos, obliga al Estado ecuatoriano a mirarse de frente y a reconocer que la impunidad no es un problema cerrado, sino una amenaza vigente. Que hoy existan preocupaciones por la seguridad de familiares, testigos y defensores vinculados al Caso Malvinas confirma que el pasado no ha sido resuelto: simplemente fue desplazado hacia el presente.
En este contexto, la verdad se convierte en un acto profundamente disruptivo. Las familias que no dejaron morir el caso y las organizaciones que las acompañan no solo buscan justicia por sus seres queridos; están disputando el sentido mismo de la relación entre el ciudadano y el poder. Recordar, nombrar y señalar responsabilidades incluso cuando estas alcanzan a figuras de alto nivel desafía una cultura política que aprendió a convivir con el silencio.
Hablar del Caso Malvinas tiene un costo. Ese costo explica las amenazas, el hostigamiento y la necesidad de medidas de protección internacional. La memoria incomoda porque rompe el pacto tácito del olvido. Y esa incomodidad no debería recaer sobre las víctimas, sino sobre un Estado que aún no ha asumido plenamente su responsabilidad histórica. Esta deuda no solo se salda con sentencias, sino con un compromiso firme y actual de garantizar la no repetición de los abusos. Solo así se rompe la cadena.
La seguridad no se construye únicamente con más policías o más presencia armada. Se construye cuando la ley deja de ser selectiva y cuando el Estado demuestra que ningún abuso queda fuera del alcance de la justicia. Sin verdad, no hay confianza; sin justicia, no hay democracia posible.
Mientras el Caso Malvinas y otros crímenes de lesa humanidad sigan sin resolverse, la democracia ecuatoriana y la latinoamericana seguirá caminando sobre una fundación de arena. Juzgar el pasado no es un acto de revancha, sino la única forma de construir un futuro donde la ley esté, por fin, por encima del poder.
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