Por Yonny Rodríguez
En Honduras, la política ya no se juega sólo en las urnas; ahora se dirime en el cadalso del Congreso Nacional. Lo que vivimos el pasado 25 de marzo con la destitución fulminante del fiscal Johel Zelaya no fue un evento aislado, sino el inicio de una “limpieza institucional” ejecutada con precisión por la nueva mayoría nacionalista.
Bienvenidos a la era del juicio político exprés. Después de la Semana Santa, el Congreso de Tomás Zambrano no traerá proyectos de ley, sino una lista negra con al menos ocho nombres grabados en piedra. El objetivo es claro: no dejar ni rastro del esquema de poder anterior antes de que termine el primer semestre de 2026.
Asegurar el 2029
La primera clave para entender este terremoto es el control del Consejo Nacional Electoral (CNE). Con el Partido Nacional de nuevo en el Ejecutivo, la prioridad es blindar el sistema. Marlon Ochoa encabeza la lista de los señalados para salir. ¿Por qué? Porque en la lógica del nuevo oficialismo, el árbitro electoral debe ser “armónico” con el gobierno de Asfura. Sacar a Ochoa y a los suplentes del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) es, básicamente, borrar cualquier sombra de duda sobre quién cuenta los votos en Honduras.
La caída de las togas
La segunda clave quedó clara con la renuncia de Rebeca Ráquel Obando. No fue un acto de dignidad, fue una capitulación ante la fuerza de los hechos. Cuando el Congreso muestra que puede cortar la cabeza de un Fiscal General en una noche, los magistrados entienden el mensaje: o te haces a un lado o te sacamos por la fuerza. La presión ahora se traslada a la Sala de lo Constitucional. El plan es garantizar que, ante cualquier recurso legal contra el Gobierno de Asfura, los jueces que decidan sean de la casa. Es el retorno del control total del Poder Judicial.
La eficiencia de la “aplanadora”
Resulta fascinante observar la velocidad del Congreso Nacional bajo el mando de Zambrano. Para aprobar el presupuesto o el aumento al salario mínimo (que ya lleva 90 días de retraso), las sesiones son lentas. Pero para un juicio político, la eficiencia es asombrosa. Esta nueva era nos dice que la prioridad del oficialismo nacionalista es el blindaje preventivo. Al poner piezas afines como Pablo Emilio Theodore en la fiscalía, se aseguran de que cualquier investigación incómoda del pasado reciente quede sellada bajo siete llaves.
¿Orden o autoritarismo?
Finalmente, hay que hablar del fondo. El uso del juicio político como una “guillotina de bolsillo” para cobrar facturas políticas erosiona la seguridad jurídica. Si las autoridades cambian cada vez que los partidos gobernantes deciden que “ya no son útiles”, las instituciones dejan de pertenecer al Estado para convertirse en oficinas de partido.
Honduras entra a una Semana Santa de reflexión obligada, pero en el Congreso ya tienen las maletas listas para el asalto final. El juicio contra Zelaya fue sólo el primer acto; lo que viene después de las vacaciones es una barrida que busca dejar un Estado a la medida exacta de quienes hoy sostienen el mazo en el Legislativo. La pregunta no es quién sigue, sino si quedará algún contrapeso en pie cuando la guillotina termine de bajar.
