Culiacán, Sinaloa. 14 Mayo 2026.- En la sesión 147 del Congreso del estado se aprobó un Dictamen presentado por la Comisión de Seguridad Púbica que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública de Sinaloa en materia de creación de la Unidad de Género en las instituciones de seguridad pública, a fin de promover la igualdad sustantiva, erradicar la violencia y eliminar la discriminación y las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, la cual contiene una iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense integrado por la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñonez y el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño.
Esta iniciativa del Partido Sinaloense señala que la creación de la Policía de Género tiene como objetivo principal proporcionar una respuesta institucional inmediata y especializada ante casos de violencia de género. Esta unidad operativa deberá contar con personal capacitado en protocolos de actuación con perspectiva de género y derechos humanos, y trabajará en coordinación con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil para ofrecer una atención integral a las víctimas.
Es por ello que, los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñonez y el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, consideramos necesario presentar esta iniciativa porque es fundamental reconocer que la violencia de género no es un problema aislado, sino una manifestación de desigualdades estructurales que requieren una intervención multisectorial. La Policía de Género será un componente clave en esta estrategia, actuando como un primer responsable capacitado y comprometido con la erradicación de la violencia y la promoción de una cultura de paz y respeto.
Esta iniciativa estatal demuestra un compromiso real con la atención a la violencia contra las mujeres, y la presente propuesta legislativa que busca dotar de base jurídica, permanencia y claridad operativa a dicho esfuerzo, consolidando a la Policía de Género como una unidad formalmente establecida en el marco legal de la seguridad pública del Estado.
Este esfuerzo legislativo contribuye al cumplimiento de los compromisos que, como legisladores, asumimos en el marco del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, promoviendo una coordinación interinstitucional efectiva y garantizando una atención oportuna, especializada y con perspectiva de género desde el primer contacto con la víctima.”
