Culiacán, Sinaloa. 19 Junio 2026.- Con el objetivo de fortalecer la prevención social del delito, la solución pacífica de conflictos y acercar la justicia a las comunidades más alejadas de la entidad, fue presentada ante la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado de Sinaloa una iniciativa para expedir la Ley de Justicia Cívica del Estado de Sinaloa.
La propuesta, impulsada por los diputados del Partido Sinaloense Doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño y MC Angélica Díaz Quiñónez en el marco de la 65 Legislatura, plantea transformar los actuales Tribunales de Barandilla en Juzgados Cívicos, así como establecer este modelo de justicia en alcaldías centrales, sindicaturas, comisarías y colonias de los municipios del estado.
La iniciativa contempla que los jueces cívicos cuenten con conocimientos en mecanismos alternativos de solución de controversias para atender infracciones al Bando de Policía y Gobierno, además de conflictos cotidianos entre ciudadanos.
Asimismo, incorpora la figura de la Justicia Itinerante para garantizar el acceso a la justicia en comunidades alejadas, marginadas o de difícil acceso.
El proyecto legislativo está integrado por 126 artículos y 15 transitorios, y tiene como propósito establecer las bases para la coordinación interinstitucional, la organización y funcionamiento de los Sistemas Municipales de Justicia Cívica, concebidos como herramientas para la reconstrucción del tejido social, la prevención del delito y la gestión policial orientada a la solución de problemas comunitarios.
Entre los aspectos más relevantes de la propuesta destaca la creación de los Sistemas Municipales de Justicia Cívica, que tendrían bajo su responsabilidad la operación de los Juzgados Cívicos y de los Centros Públicos de Mecanismos Alternativos Municipales.
Además, se plantea la integración de un Consejo de Justicia Cívica, órgano encargado de coordinar las políticas públicas en la materia y de organizar, junto con los sistemas municipales, las jornadas de justicia itinerante en las distintas regiones del estado.
La iniciativa establece que cada municipio deberá contar con los juzgados cívicos necesarios, tomando en cuenta factores como la densidad poblacional, la incidencia de conflictos y las necesidades de atención ciudadana.
También propone que dichos juzgados cuenten con Centros Públicos de Mediación Municipal acreditados por el Poder Judicial del Estado.
El proyecto define los requisitos para ocupar el cargo de juez cívico, regula el procedimiento de justicia cívica y establece un catálogo de faltas e infracciones administrativas.
Otro de los puntos relevantes es la incorporación de procedimientos especiales para niñas, niños y adolescentes, garantizando en todo momento el respeto al interés superior de la niñez.
La propuesta también incluye mecanismos innovadores como la justicia terapéutica, orientada a generar conciencia en las personas infractoras sobre las consecuencias de sus actos y fomentar el arrepentimiento genuino, así como la justicia restaurativa, que busca reparar los daños ocasionados por conflictos comunitarios mediante acuerdos entre las partes, incluyendo, cuando proceda, disculpas y acciones de reparación.
Asimismo, se fortalece la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias dentro de la justicia cívica, privilegiando el diálogo, la mediación y la conciliación para resolver conflictos antes de que escalen a conductas delictivas.
De ser aprobada por el Congreso del Estado, esta nueva legislación representaría un cambio significativo en el modelo de atención de conflictos comunitarios en Sinaloa, al privilegiar la prevención, la mediación y la proximidad de la justicia con la ciudadanía.
