Culiacán, Sinaloa al 14 de agosto de 2026.- El Washington Post reveló que la CIA ejecutó ataques certeros con drones en contra de barcos pesqueros cerca de las Islas Galápagos, hecho que desató una tormenta política y diplomática en América Latina. Testimonios de sobrevivientes de mencionado ataque señalan que fueron encapuchados, esposados y trasladados a El Salvador, donde sufrieron torturas. Ante tal suceso Naciones Unidas confirmó que una embarcación desapareció con ocho tripulantes muertos presuntos, sumando más de 200 víctimas desde septiembre de 2025, lo que coloca a Estados Unidos bajo fuertes acusaciones y señalamientos de crímenes de guerra.
Hasta el momento, el Pentágono no ha presentado pruebas de que las embarcaciones transportaran drogas, lo que alimenta aún más las acusaciones y denuncias de violaciones a derechos humanos y vulneración de la soberanía ecuatoriana. Ante tal magnitud de los hechos, Organismos internacionales y defensores de derechos humanos exigen una investigación independiente, mientras Ecuador reclama justicia y responsabiliza directamente a Washington por las operaciones encubiertas. El caso amenaza con tensar aún más las relaciones entre EE. UU. y América Latina, en un momento en que la región busca mayor autonomía frente a las potencias.
El contraste es brutal, mientras Estados Unidos lidera ejercicios militares como PANAMAX 2026 en Panamá con 17 países aliados, al mismo tiempo enfrenta acusaciones de crímenes de guerra en Ecuador. Para la región, este episodio es un recordatorio de los riesgos de la intervención extranjera y de cómo Washington, pese a su discurso de cooperación y apoyo, carga con denuncias que lo colocan bajo la lupa internacional. A la vez que mencionada acusación contra la CIA no solo golpea su imagen, sino que abre un debate sobre el verdadero costo de la presencia estadounidense en América Latina y en todas las latitudes alrededor del globo.
