Por Adrián Espinosa de Los Monteros
Vale la pena analizar el tratamiento informativo mediático que se le dio a algunas noticias recientemente, no solo por la influencia en el imaginario colectivo y en la opinión pública, sino también porque responden a la lógica acumulativa de las redes sociales al posicionar aspectos que modifican la realidad objetiva de esos asuntos por medio de ediciones y encuadres, aunado a la ausencia de mecanismos de verificación dentro de una cultura dominante de sobreproducción informativa.
La primera noticia se vincula a una publicación de la Revista Proceso en la que citan como fuente al Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley. En dicho escrito se hace referencia a una investigación de ese Centro en el que señalan que el ex presidente López Obrador podría estar implicado en “crímenes de lesa humanidad” por asuntos relacionados con hostigamiento de periodistas a través de descalificaciones recopiladas en conferencias mañaneras y la utilización del software de espionaje Pegasus.
Dejando de lado simpatías y no simpatías y el posible aporte periodístico del estudio, lo que la nota de Proceso no consignó fue que el expediente judicial que el Centro de Derechos Humanos pretendía entregar a la Corte Penal Internacional no fue posible debido a una sanción emitida por el Presidente Trump a esa Corte y que el estudio de pasó de ser una posible vía para incriminar al ex mandatario a ser una plataforma pública con fines periodísticos.
La segunda nota tiene que ver con un fragmento de la mañanera que estuvo circulando en redes la semana pasada y que fue ampliamente difundido para posicionar la idea de que la Presidenta Sheinbaum quedó mal parada. En el clip se aprecia como el reportero Jorge Chaparro – quien públicamente ya aclaró que el video que circula está modificado- le pregunta a la mandataria por qué no investiga a los responsables de los accidentes vinculados a los megaproyectos de la actual administración y el cuadro de enseguida es un silencio total de la Presidenta por 10 – 15 segundos, donde se le ve trastabillar y dudar al responder
En una entrega anterior se ha comentado cómo operan las redes de desinformación pagadas por intereses nacionales y extranjeros. Si seguimos subordinando el click a la lógica del capital guiado por el dejar hacer dejar pasar de Smith, es posible que estos mecanismos se queden en el futuro próximo para seguir trastocando la democracia con la que irónicamente nacieron. Y confirmar que, como dijo Riva Palacio, “la verdad es irrelevante”.
La tercera noticia está relacionada con lo que coloquialmente (o malamente) ya se le conoce como Ley Anti Memes en redes digitales. El neologismo, nacido por una interpretación infantil, pero también maliciosa por parte de sectores de oposición, se relaciona con la iniciativa de reforma a la ley de propiedad industrial que pretendería sancionar a aquellas personas que utilizan los logos oficiales del gobierno para cometer fraudes o hacer un uso comercial ilegal de la imagen gubernamental, por ejemplo estafas. Torpemente han querido imponer que incluso se regularían los memes. Parece que en el periodismo del siglo 21 no hay límites a la falta de ética.
Finalmente, la cuarta noticia trata sobre un tema muy delicado como la posible desaparición forzada de niñas y niños. Lo primero que hay que decir al respecto es que por más que en la actual gestión federal se están implementando mecanismos nuevos como la alerta temprana, las carpetas de investigación obligatorias, la Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, aún persisten desafíos institucionales que no han logrado llevar justicia a las familias de las víctimas de este delito.
Sin embargo, el presente análisis es únicamente del tema mediático. La vorágine de publicaciones respecto al presunto hallazgo de una fosa con 1600 piezas dentales comenzó con una columna de opinión del reportero Oscar Balderas de Milenio, que luego fue amplificada por actores políticos y mediáticos de todos colores.
La noticia, que en realidad data de 2023, hace referencia a que en ese año una buscadora llamada Margarita López habría encontrado esos restos sin aportar evidencia fotográfica o documental. Ante esto, la propia Fiscalía de Michoacán declaró el 24 de septiembre que no tiene conocimiento de un hallazgo así y algo similar comentó el gobernador de la entidad.
Aquí lo que hay que dilucidar es si tales restos existen y la Fiscalía General de la República junto a la de Michoacán deberían acudir al lugar de los hechos para realizar las labores periciales pertinentes, más allá de los intereses por posicionar una noticia que podría no ser verdadera del todo o que tuvo un tratamiento mediático problemático-falaz y nada orgánico.
Mientras se generan discrepancias entre los registros oficiales de las Fiscalías y lo señalado por colectivos de personas buscadoras y medios de comunicación, sigue sin haber justicia. A la par que actores políticos y mediáticos de todos colores tratan de jalar agua para su molino, lucrando con presuntas tragedias ajenas, los colectivos siguen clavando la pala ante los vacíos institucionales que aún continúan.
