¿Ahorro o Retroceso? El Debate sobre los Organismos Autónomos.

Por Alfredo Inzunza.

Los organismos autónomos son entidades técnicas que operan con independencia en sus decisiones, actuando como un contrapeso frente a los poderes del Estado. Por este motivo, son cruciales para asegurar la eficiencia del gobierno, el fortalecimiento de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas. Las funciones que realizan no pueden ser fácilmente transferidas a otras instituciones, dado que requieren de un alto nivel de especialización técnica y de una gestión independiente, sobre todo considerando el rol regulador que muchos de estos organismos desempeñan.

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La propuesta planteada por el presidente Andrés Manuel el pasado 5 de febrero, incluye la modificación de 13 artículos de la Constitución (3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123) con la finalidad de eliminar 3 órganos constitucionales autónomos (INAI, COFECE, IFT), 2 órganos reguladores coordinados (CRE, CNH) y 2 organismos descentralizados con autonomía (MEJOREDU y CONEVAL). La iniciativa propone que las funciones de estos organismos sean transferidas a dependencias de la Administración Pública Federal.

Los organismos autónomos que serían eliminados, según la propuesta, junto con la institución a la que se trasladarían sus funciones:

  • INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales): Asegurar el ejercicio de los derechos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales, sus funciones pasarían a la SFP (Secretaría de la Función Pública).
  • IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones): Regular el uso, gestión y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de comunicación y las comunicaciones satelitales, sus funciones pasarían a la SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte).
  • COFECE (Comisión Federal de Competencia Económica): Asegurar la competencia justa y la participación equitativa, sus funciones pasarían a la SE (Secretaría de Economía).
  • CNH (Comisión Nacional de Hidrocarburos): Regular y supervisar la identificación y exploración superficial, así como la exploración y extracción de hidrocarburos, sus funciones pasarían a la SENER (Secretaría de Energía).
  • CRE (Comisión Reguladora de Energía): Regular los productos petroleros, los petroquímicos, el gas y la energía eléctrica, sus funciones pasarían a la SENER (Secretaría de Energía).
  • CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social): Proporcionar información imparcial sobre el estado de la política social y la evaluación de la pobreza, sus funciones pasarían al INEGI (Instituto Nacional de Geografía y Estadística).
  • MEJOREDU (Sistema Nacional de Mejora Continúa de la Educación: Fomentar la mejora continua en la educación básica, media, superior, inclusiva y para adultos, sus funciones pasarían a la SEP (Secretaría de Educación Pública).

La transferencia de las funciones de los organismos autónomos reguladores en materia de competencia y telecomunicaciones podría contravenir las obligaciones establecidas por el T-MEC. En particular, si se elimina COFECE y se traspasan sus funciones a la Secretaría de Economía, se infringiría el artículo 21.1.4, que requiere que cada parte mantenga una autoridad de competencia dedicada a la aplicación de las leyes en esta área. Aunque la Secretaría de Economía podría asumir esta responsabilidad, no habría una autoridad única y especializada en competencia. De igual manera, la eliminación del IFT violaría el capítulo 18 del T-MEC, que exige que cada parte asegure la existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones.

El TLCAN 2.0, ahora conocido como “T-MEC”, entró en vigor el 1 de julio de 2020, lo que significa que recientemente cumplió cuatro años. Según lo acordado, se llevará a cabo una revisión cada seis años, de acuerdo con la cláusula sunset.

Los países que forman el bloque de América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México) son los miembros de este tratado. Juntos, suman un Producto Interno Bruto de 29,067,037 millones de dólares, lo que representa el 29% del PIB mundial. Además, es importante destacar que estos países son responsables del 13% de las exportaciones globales y del 18% de las importaciones a nivel mundial, con Estados Unidos liderando como el mayor importador del mundo, representando el 13% de las importaciones globales.

En 2023, México exportó a Estados Unidos más de 430,000 millones de dólares, superando a China y convirtiéndose en el principal exportador hacia el país norteamericano. El comercio entre México y Estados Unidos genera más de un millón de dólares por segundo y más de 7 millones de empleos para México.

Es crucial que los tres países cumplan con los compromisos establecidos en el T-MEC, para que, al llegar el momento de la revisión, puedan presentar resultados sólidos y argumentos que garanticen la estabilidad de la relación comercial trilateral.

Para el caso de la CRE y la CNH, la reforma implicaría una concentración de funciones reguladoras especializadas en una secretaría de Estado, cuya imparcialidad podría ser cuestionada debido a la presencia de empresas estatales entre las entidades reguladas. Esto podría reducir la certeza jurídica y desalentar la inversión en estos sectores.

Asimismo, la eliminación del INAI significaría un retroceso en los logros alcanzados en términos de transparencia, al desmantelar la Plataforma Nacional de Transparencia y los estándares de publicación estandarizados. La eliminación de CONEVAL y MEJOREDU también resultaría en la pérdida de evaluaciones y análisis realizados con la autonomía y experiencia necesarias para impactar de manera efectiva en la toma de decisiones y en la política educativa del país.

Según la iniciativa de reforma, se argumenta que los órganos autónomos son “costosos” para el Estado. Sin embargo, el presupuesto destinado a estos 7 órganos en 2024 es de 4,534,000,000 (cuatro mil quinientos treinta y cuatro millones de pesos), lo que equivale a solo el 0.05% del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024.

A continuación se menciona el presupuesto para 5 de los 7 órganos autónomos que se plantean eliminar:

  • INAI: $1,097,353,466.00
  • IFT: $1,680,000,000.00
  • COFECE: $687,866,026.00
  • CNH: $247,551,341.00
  • CRE: $285,506,948.00

Por estos 5 órganos autónomos, de acuerdo al PEF 2024, sería un gasto de 3,998,277,781.00 MXN (tres mil novecientos noventa y ocho millones doscientos setenta y siete mil setecientos ochenta y un pesos).

El total del PEF 2024 es de 9,066,045,800,000.00 MXN (nueve billones sesenta y seis mil cuarenta y cinco millones ochocientos mil pesos), estos 5 órganos representan únicamente el 0.044% del PEF 2024.

No se puede negar que esta reforma, junto con la reforma al poder judicial, han causado incertidumbre durante los últimos meses, lo cual inevitablemente pausa los proyectos de inversión.

La desaceleración en la llegada de nuevas inversiones, la posibilidad de que las empresas extranjeras eventualmente dejen de reinvertir sus ganancias en México, un posible cambio de sede de grandes corporaciones, el aumento en los costos de financiamiento y la ralentización de proyectos de inversión, junto con la disminución en la contratación de personal, podrían llevar a la economía mexicana primero a una recesión moderada y, posteriormente, a un prolongado estancamiento económico.

La eliminación de organismos autónomos en México, tal como se propone en la reciente reforma constitucional, podría tener profundas repercusiones en la transparencia, la competencia económica y la estabilidad del país. Estos organismos desempeñan funciones críticas que requieren independencia y especialización, y su supresión no solo podría contravenir acuerdos internacionales como el T-MEC, sino que también podría desincentivar la inversión y generar incertidumbre económica.

Aunque la reforma argumenta un ahorro en costos, los cuales ya vimos que son mínimos, el impacto a largo plazo en la eficiencia institucional y la confianza del mercado podría ser considerablemente negativo, llevando a México a un posible estancamiento económico.

En medio de este contexto adverso generado por las reformas constitucionales, que ha generado un episodio de volatilidad para el peso mexicano, existe la esperanza de que, al asumir Claudia Sheinbaum la presidencia de México, modere el discurso y se vuelva a encaminar el crecimiento económico.

Alfredo Inzunza
Columnista
Es licenciado en Administración Financiera por la Universidad TecMilenio y maestrante en Gestión y Política Pública en la Universidad Autónoma de Occidente, ha colaborado como consultor financiero en M1 Consultores, actualmente es profesor en la Universidad Autónoma de Occidente y analista financiero en una empresa del sector agrícola. Escribe para compartir análisis claros y críticos sobre finanzas, geopolítica, política pública y su impacto en la realidad económica.

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