Por Américo Salazar
La Reforma Judicial de 2024 fue, ciertamente, uno de los tópicos políticos más polarizantes de las últimas décadas. No lo fue en vano. Lo cierto es que la reformulación integral de un Poder de la Nación debía ser discutido y controvertido al nivel que lo fue.
Después del convulso proceso legislativo, y una vez aprobada la Reforma Judicial, sucedió el primer Proceso Electoral Judicial de la historia del país, lo que trajo consigo, no solo la conformación de una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, o la integración de un Tribunal de Disciplina Judicial en sustitución de lo que fue el Consejo de la Judicatura Federal, sino que acompañó con la elección de miles de Jueces Federales (Jueces de Distrito y Magistrados Colegiados de Circuito) quienes, lejos de la grandilocuente narrativa que impulso a la reforma, son los encargados de administrar la justicia diariamente a millones de ciudadanos y ciudadanas.
Que acuden a estos Tribunales con problemas cotidianos, pero de impacto trascendental en su vida: la clausura de su negocio, la impugnación de un juicio mercantil en el que se juega su vivienda, la adecuación de una pensión alimenticia para el sustento de un menor, entre otros.
Después de algunos meses litigando, en este particular contexto post electoral, se advierte una crisis silenciosa, que no se resuelve en discursos presidenciales, ni en agendas judiciales culturales. El déficit de preparación de los nuevos Juzgadores Federales se ha traducido en la afectación sustancial al derecho humano de acceso a la justicia. Evidenciado mediante errores primarios de estas nuevas autoridades, que obligan a la interposición de recursos, gestiones, quejas, a fin de combatir las pifias de los nuevos funcionarios electos, elevando el costo de la justicia y traspasando la factura de la inexperiencia a los justiciables.
Ante este escenario, surgen varias preguntas que conviene examinar. En primer lugar ¿Cuál será el verdadero alcance? Pues, como se dijo en párrafos anteriores, lo que son en la estadística judicial un índice de sentencias dictadas y asuntos resueltos, representan en la práctica la transformación entera de una vida humana. Que puede tener un parteaguas y sinfín de consecuencias negativas, consecuencias de una negligente práctica judicial.
En segunda instancia, ¿Atendió la reforma judicial los principios garantistas que argumentó desde el principio? En el entendido de que, se anunció esta reforma como el camino definitivo hacia la construcción de un mejor y más sólido Estado Democrático, ideal poco atendido, que se diluye silenciosamente entre las torres de burocracia administrativa regada en los pasillos de Juzgados. En este sentido, el fin épico con el que se predicó esta Reforma Constitucional, en los hechos, no ha correspondido a una transformación esencial de la doctrina jurídica mexicana, sino a una sustitución de personal, que (sin ignorar los defectos de los anteriores jueces en funciones), ha limitado la capacidad estatal de garantizar la justicia.
Por último, y tal vez la pregunta que más preocupación puede causar, tiene que ver con el fuero local, ¿Qué sucederá cuando cientos de jueces locales sean removidos y sustituidos por la nueva generación electa? Ahí es donde, lo que hoy se acusa como “crisis silenciosa” se podría convertir en una fractura institucional pública.
Pues son ellos -los jueces locales- quienes atienden el grueso de problemas en Tribunales, especializados por materias (civiles, familiares, mercantiles, penales o laborales), y que, al reproducirse el letargo y evidente incapacidad técnica de la primera ola de juzgadores electos, traería consecuencias catastróficas-desde la base misma- del sistema de impartición de justicia mexicano.
Nótese que, en los párrafos anteriores, no se alude a la Suprema Corte Justicia de la Nación, ni a litigios multimillonarios de interés público. La Reforma Judicial no se lee únicamente en los titulares de los diarios nacionales, se recorre, diariamente y a pie, en cada acuerdo o sentencia que tiene por sello el de un Juez electo, la apertura de una nueva crisis, silente, cotidiana, pero que afecta por igual y en potencia, a cada uno de nosotros que, por buena o mala suerte, se pare frente a un Tribunal.
