Por Ericka Cerdas
Pocas cosas revelan mejor el estado de una democracia que la manera en que sus gobernantes diseñan las reglas con las que serán evaluados. La reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum es, en ese sentido, una radiografía del momento político en que vive México. Pero lo que se observa, no es alentador.
Robert Dahl advertía que la poliarquía, el modelo más cercano a la democracia real, depende de dos condiciones inseparables: la posibilidad efectiva de contestación política y la participación ciudadana amplia. Ambas exigen árbitros confiables y recursos suficientes para que las reglas se cumplan. Cuando uno de los jugadores diseña las reglas del torneo a menos de dieciséis meses de una elección intermedia de alta complejidad, la pregunta es clara: ¿Esta reforma amplía o estrecha la competencia política real?
La legitimidad de la propuesta merece reconocimiento. La revisión del gasto electoral es jurídicamente viable y políticamente entendible; el sistema electoral mexicano es percibido por amplios sectores como costoso y burocráticamente pesado. Reducir salarios de consejeros, recortar financiamiento a partidos o eliminar duplicidades administrativas son medidas que difícilmente generan resistencia popular. El problema no es la austeridad en sí. El problema es el momento y el método.
Guillermo O’Donnell describió con precisión este patrón cuando acuñó el concepto de democracia delegativa: el ejecutivo que, legitimado por el voto mayoritario, concentra decisiones que deberían pertenecer a instituciones horizontales de contrapeso. La reforma no desaparece al INE ni a los OPLES, lo cual es un avance respecto a intentos anteriores, pero sí los recorta operativamente justo cuando más se necesitan. Los OPLES van hacia la elección de 2027 arrastrando adeudos y recortes constantes que los han colocado en una quiebra presupuestal que les dificultará cumplir con todas las obligaciones que exige la ley. Recortar los ingresos del árbitro antes de un partido importante no se percibe como austeridad: más bien, es un riesgo institucional de primer orden.
El escenario de 2027 no admite improvisación. El 6 de junio de ese año se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, más de 2400 ayuntamientos y congresos locales en casi todo el país, a lo que se suma la segunda ronda de elecciones judiciales para cubrir los cargos federales y locales que quedaron pendientes en 2025. Todo en una misma jornada. Y todo esto mientras 28 de los 32 organismos electorales locales ya operan con recortes presupuestales que comprometen sus preparativos. Agregar sobre esa base una reforma que recorta aún más los recursos y modifica las reglas de presentación no es una señal de fortaleza institucional. Es tentar la estabilidad democrática,
Visto desde O’Donnell, este patrón es propio de las democracias delegativas: el ejecutivo envuelve la acumulación de ventajas electorales en un discurso de moralidad pública, donde combatir privilegios y reducir el gasto se convierten en el argumento central, mientras las instituciones de accountability horizontal pierden capacidad real de contrapeso.
Aunque el discurso suene coherente, los efectos institucionales contarán otra historia. ¿Qué se puede hacer distinto? Primero, separar la agenda de austeridad de la agenda electoral: los recortes pueden discutirse, pero no mientras arranca la organización de un proceso tan importante. Segundo, garantizar presupuesto operativo suficiente para el INE y los OPLES antes de que inicien los trabajos preparativos de 2027, con independencia de lo que ocurra con los salarios de los directivos. Tercero, y más urgente, México necesita un pacto mínimo de gobernabilidad electoral multipartidista, similar al que precedió la reforma de 1996. Sin ese consenso, la elección intermedia de 2027 corre el riesgo de nacer impugnada. Y una elección que nace cuestionada le resta legitimidad a cualquier resultado.
Reformar las reglas en vísperas de una elección es siempre sospechoso. Hacerlo debilitando a los árbitros es doblemente peligroso. México tiene la infraestructura institucional para hacer bien la transición. La pregunta es si tiene la voluntad política para hacerla bien para todos.
