Por Juan Antonio Flores Torres
En el debate político reciente, el tema de las pensiones ha vuelto al centro de la agenda pública con una narrativa atractiva: la promesa de revertir la reforma aplicada en el año 1997 durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo y así, devolver a los trabajadores mexicanos el derecho a una jubilación equivalente al 100% de su último salario.
Es comprensible el entusiasmo que logra generar este discurso en el tejido social. Para millones de familias mexicanas, la transición al modelo de cuentas individuales gestionado por las AFORE representó una amarga certeza: la perspectiva de un retiro con apenas el 30% o 40% de lo que se ganaba en activo. Sin embargo, cuando dejamos de lado el fervor político y nos sentamos a revisar el sistema financiero y económico mexicano, la pregunta no es si deseamos un retiro digno (por supuesto que lo deseamos), sino si el regreso al viejo sistema es financieramente viable.
El sistema solidario que funcionó durante gran parte del siglo XX se sostenía en una premisa sencilla: un número muy amplio de trabajadores jóvenes y activos financia con sus cuotas la jubilación de un grupo reducido de adultos mayores. Ese esquema no se modificó en 1997 por mera postura ideológica, sino por el golpe de realidad que el tejido social le dio y ha dado a México: la población mexicana estaba envejeciendo. Hoy esa realidad es apremiante. Con una tasa de natalidad en descenso y una expectativa de vida más alta, la pirámide poblacional se está invirtiendo. Pretender que un número cada vez menor de jóvenes cargue sobre sus hombros la jubilación completa de una masa creciente de retirados es una ecuación insostenible que requeriría cuotas e impuestos ahogantes para los trabajadores del mañana.
Por ello, es necesario ser preciso sobre los cambios recientes. Con la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar no se eliminó el sistema de las AFORE ni se restauró la Ley 73. Lo que se instrumentó fue una política pública de subsidio para complementar la pensión de quienes ganen hasta el salario promedio del IMSS. El gran riesgo radica en de dónde saldrá ese dinero a largo plazo. Al nutrirse de bolsas volátiles tales como cuentas inactivas, o utilidades de proyectos públicos, la durabilidad de esas PENSIONES DEL BIENESTAR queda expuesta a los altibajos de la hacienda pública. Si los fondos extraordinarios menguan, la diferencia tendrá que cubrirse con el presupuesto federal, DESCUIDANDO Y REDUCIENDO RECURSOS para áreas urgentes como la salud, la infraestructura o la seguridad (tal como está pasando actualmente).
Aunado a lo anterior, ninguna reforma de pensiones resolverá el problema mientras ignoremos la verdadera factura del país: más del 50% (54.8 de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Informe Primer Trimestre 2026) de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad. Ni el esquema de las AFORE ni la falaz promesa de un retorno al modelo anterior atienden el drama de quienes alternan constantemente entre el trabajo formal e informal sin acumular semanas de cotización. En un mercado con tales disparidades, que el gobierno te prometa que garantizará las jubilaciones del 100% sin formalizar la economía equivale a pedir que una mitad productiva sostenga indefinidamente los compromisos de la otra.
Al abordar este tema no hablo como un observador ajeno ni desde la distancia teórica. Nací en 2004. Soy parte de la generación que creció sabiendo que el retiro ya no vendría en bandeja de plata garantizada por el Estado; pertenezco, en pleno derecho, a la generación AFORE.
Sé perfectamente lo que se siente mirar hacia el futuro con incertidumbre. Entiendo la frustración de saber que a nuestras generaciones nos tocó un tablero de juego con reglas mucho más severas que las de nuestros padres o abuelos. Pero precisamente por eso resulta INDIGNANTE el manejo que MORENA y la Cuarta Transformación le ha dado al tema: lucrar políticamente con el dolor y la necesidad de la gente prometiendo un “rescate” que técnicamente no existe. La 4T prefirió el atajo de la propaganda, ofreciendo un espejismo de justicia social sostenido por parches presupuestales e ingresos volátiles, antes que asumir el costo de una verdadera reforma fiscal y estructural de fondo.
Vender la nostalgia de un sistema quebrado para ganar simpatías en las urnas no es justicia social, es irresponsabilidad histórica. La 4T prefirió regalar ilusión del 100% hoy, trasladándole la quiebra financiera a los jóvenes del mañana. El verdadero respeto a los trabajadores no consiste en disfrazar parches de revolución, sino en garantizarle a las nuevas generaciones la certeza de una vejez digna sin comprometer el futuro del país.
