Por Sofía González Torres
A tres semanas de una de las elecciones más importantes en la historia reciente de México, debemos poner foco en tres piezas clave para completar el nuevo modelo de justicia que se construye desde la reforma al Poder Judicial. La propuesta de elegir por voto directo a jueces, magistrados y ministros está ya en la Constitución, y funcionará plenamente con leyes secundarias, algunas pendientes, y otras ya legisladas, que definan las reglas del juego.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: uno de los temas prioritarios para un periodo extraordinario en el Congreso es precisamente cerrar los pendientes legales que aún existen en torno a esta reforma. Y es que, sin esas definiciones, el riesgo es que el nuevo modelo sirva más para la confrontación política que para garantizar justicia.
La preocupación no es menor: sin reglas claras, procesos como las impugnaciones o el retiro de candidaturas podrían usarse con fines políticos. Eso afectaría tanto la legitimidad del nuevo sistema como la confianza ciudadana en una justicia imparcial.
Estas son las tres claves que deberán atenderse desde el Legislativo:
1. Impugnaciones y retiro de candidaturas: reglas claras, no decisiones discrecionales
Uno de los temas más sensibles es qué pasa si una candidatura judicial es cuestionada. Hoy no hay un marco legal que diga con precisión cómo se impugna a un aspirante o en qué casos procede retirarlo. Mientras tanto, el INE ha empezado a hacer su parte: habilitó un micrositio donde se pueden presentar denuncias por antecedentes penales, violencia de género o deudas alimentarias. Eso ayuda a la transparencia, pero no sustituye una legislación formal.
Sin una ruta clara, estos mecanismos podrían terminar usándose para cerrar el paso a ciertos perfiles o como herramienta de presión política. Y eso, en lugar de fortalecer el proceso, lo debilita.
2. Armonización local: evitar un mapa judicial a dos velocidades
Aunque la reforma es federal, necesita que los congresos estatales actualicen sus constituciones y leyes locales. Hasta diciembre pasado, solo siete estados lo habían hecho. Veintiuna entidades no han empezado el proceso, lo que puede generar confusión, vacíos jurídicos o incluso choques entre niveles de gobierno.
La homologación garantiza que haya coherencia nacional en algo tan delicado como elegir a quienes imparten justicia. Sin esa armonización, el nuevo modelo puede aplicarse de forma desigual, generando más incertidumbre que certezas.
3. Elegibilidad y filtros de evaluación: sin simulaciones
La reforma judicial establece requisitos académicos y de experiencia profesional para quienes aspiren a cargos en el Poder Judicial, como contar con una licenciatura en Derecho con un promedio mínimo de 8, al menos cinco años de experiencia en la práctica jurídica, la elaboración de ensayos y la presentación de cartas de recomendación. Además, se contempla la participación de jueces y magistrados en funciones mediante un mecanismo de continuidad, que reconoce su trayectoria y experiencia .
Esta elección inédita representa una oportunidad para fortalecer la legitimidad institucional y evitar confrontaciones entre órganos como la actual entre el Senado, el INE y el TEPJF, respecto a en qué momento puede, o no, retirarse una candidaatura. La experiencia adquirida permitirá perfeccionar los mecanismos y criterios de evaluación en futuros procesos, consolidando un Poder Judicial más transparente, eficiente y cercano a la ciudadanía.
La elección de jueces por voto ciudadano representa un cambio profundo en la manera en que entendemos la justicia en México. Pero para que esta transformación funcione, se necesitan reglas firmes, tiempos claros y filtros confiables. Las leyes secundarias son el ancla que evitará que el sistema se desvíe.
El próximo periodo extraordinario en el Congreso será clave. No se trata solo de cerrar pendientes, sino de evitar que este nuevo modelo judicial termine siendo rehén de la coyuntura política.
