Culiacán, Sinaloa. 15 Septiembre 2026.- Hoy se dio primera lectura a iniciativa propuesta por los diputados Jesús Angélica Díaz Quiñónez Víctor Antonio Corrales Burgueño, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de esta LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, que propone adicionar el artículo 21 Bis a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, en materia de creación del Departamento de Certificación de Competencias Legales y Éticas para el personal de salud.
Esta iniciativa tiene por objeto crear el Departamento de Certificación en Competencias Legales y Éticas para el Personal de Salud del Estado de Sinaloa, para fortalecer la calidad de los servicios que presta la Secretaría de Salud a través del Sistema Estatal de Salud, dicho departamento tendrá como propósito capacitar, evaluar y certificar a los profesionales de la salud, técnicos, auxiliares y personal administrativo en el cumplimiento de las disposiciones normativas, bioéticas y de derechos humanos que regulan la atención médica.
La certificación será considerada como requisito para la contratación, promoción o permanencia en los establecimientos de salud públicos o privados, con base a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con las instituciones académicas de educación superior y colegios de profesionistas competentes, esto coadyuve a conocer con precisión cuáles son las fallas más frecuentes, en qué contextos se producen y qué tipo de consecuencias generan, limitando con ello la posibilidad de diseñar políticas públicas y programas de formación específicos orientados a la prevención de dichos eventos
En el ámbito estatal, Sinaloa comparte los retos nacionales en materia de calidad y seguridad en la atención sanitaria. La estructura de los servicios de salud, la heterogeneidad en la formación del personal y la ausencia de mecanismos formales de certificación en competencias legales y éticas generan un escenario en el que las buenas prácticas dependen en gran medida de la voluntad individual y de la cultura institucional de cada unidad de salud.
El marco jurídico estatal en materia de salud establece principios y obligaciones generales para las autoridades y los prestadores de servicios, pero no contempla, de manera específica, una instancia encargada de diseñar, coordinar y supervisar procesos de certificación en competencias legales y éticas para el personal de salud que labora en el Estado.
La certificación de competencias no debe entenderse como un mecanismo punitivo o exclusivamente sancionador, sino como una herramienta para fortalecer la profesionalización del personal de salud, fomentar una cultura de responsabilidad y transparencia, y brindar certeza tanto a las y los pacientes como a quienes ejercen la medicina y otras profesiones sanitarias. Un esquema de certificación bien diseñado puede contribuir a identificar áreas de oportunidad, orientar programas de capacitación y reconocer las buenas prácticas.
La creación de un Departamento de Certificación en Competencias Legales y Éticas para el Personal de Salud del Estado de Sinaloa permitiría avanzar en varios frentes: primero, generando lineamientos claros sobre los conocimientos y habilidades mínimas que deben acreditar quienes brindan atención médica y de enfermería en el sector público estatal; segundo, estableciendo procesos transparentes de evaluación y recertificación periódica; y tercero, articulando estos esfuerzos con las instancias federales y con los colegios y asociaciones de profesionistas correspondientes.
En este sentido la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez y el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, presentamos esta iniciativa con proyecto de Decreto, con el propósito de fortalecer el marco jurídico estatal en materia de salud, contribuir a la profesionalización del personal sanitario y avanzar hacia un sistema de atención más seguro, justo y centrado en las personas. La creación del Departamento de Certificación en Competencias Legales y Éticas para el Personal de Salud del Estado de Sinaloa representa un paso necesario para cerrar la brecha entre el marco normativo y la práctica cotidiana, y para consolidar una cultura de responsabilidad profesional y respeto a los derechos humanos en el ámbito de la salud.
