Ciudad de México. 04 Noviembre 2026.- Clara Luz Flores Carrales, coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para presentar dos nuevas denuncias penales contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, así como contra quienes resulten responsables por presuntos desvíos multimillonarios.
Acompañada por el senador Alejandro Murat Hinojosa, así como por legisladores federales, locales e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León, Flores Carrales detalló que las denuncias documentan presuntos esquemas mediante los cuales se habría utilizado el poder público para favorecer intereses particulares y comprometer el erario.
“Ambos casos tienen un elemento en común: el presunto uso de los cargos públicos para beneficiar intereses particulares. Samuel García y Adrián de la Garza representan las mismas formas de operar: utilizar el poder público para comprometer el dinero de la gente. El servicio público no es un negocio personal y los recursos públicos no son patrimonio de una familia”, advirtió Flores Carrales.
La primera denuncia señala presuntas operaciones por 7 mil 212 millones de pesos en el Gobierno estatal, además de contratos por 110 millones de pesos con empresas sancionadas por autoridades estadounidenses. Por su parte, la segunda denuncia está relacionada con el caso Next Energy en Monterrey, cuya contratación contempló una autorización presupuestal de 7 mil 370 millones de pesos, con pagos efectuados que habrían superado los mil 603 millones de pesos.
En ese sentido, Flores Carrales subrayó que el movimiento defenderá los recursos de la ciudadanía y solicitó la intervención de autoridades financieras y fiscalizadoras para reconstruir la ruta del dinero, identificar a los beneficiarios finales y deslindar responsabilidades, descartando que se trate de una persecución política.
“No estamos prejuzgando. Exigimos que las autoridades investiguen y determinen las responsabilidades correspondientes. El dinero del pueblo se respeta y la justicia no se negocia”, concluyó.
