Por Francisco Ponce de León.
Existe una fuerte insistencia de Andrés Manuel por tener el poder absoluto. Quizá en su transitar de 12 años en busca de la presidencia de la república ideó un plan malévolo en donde el ser omnipotente y todopoderoso se presentaba en su persona. Quizá en sus momentos de soledad inició con el plan maestro, logrando así proyectar lo que en su momento se consolidaría como el movimiento de regeneración nacional. Quizá ese fue uno de los argumentos principales para seguir con el esquema de financiamiento que se explica en el reciente libro “Rey del Cash” a través de aportaciones en efectivo desde las distintas entidades federativas, actores políticos y empresarios.
Para Andrés Manuel, el inicio de su macabro proyecto será el fin de su sexenio…
Una de las confrontaciones más enérgicas que ha tenido es con el Instituto Nacional Electoral. En el inicio de su sexenio, agradeció la organización de la elección; una elección histórica y que en sus palabras cambiaría el sentir de los mexicanos. Sin embargo, hoy después más de 4 años y sabiendo que se aproximan las elecciones que marcaran el destino de la elección presidencial, su grupo parlamentario, MORENA, pretende recortar más de 4 mil millones de pesos de acuerdo con el proyecto de presupuestos de egresos de la federación. El recorte millonario del que hablamos se inyectará de manera directa a los programas sociales, como la pensión para adultos mayores y la pensión para personas con discapacidad.
El embate al INE ha sido constante y cada vez sube más de tono. Las afrentas del presidente en las mañaneras han escalado de nivel a tal grado de ofender la dignidad, honor y credibilidad de un organismo autónomo que ha cimentado los principios democráticos en nuestro país, preponderando el interés nacional sobre cualquier interés particular, reivindicando el derecho al voto en lo ancho y largo del país, garantizando la participación de todas y todos los ciudadanos mexicanos durante más de 30 años.
Si revisamos la iniciativa que ha enviado el presidente a la Cámara de Diputados en materia electoral podría dejarnos boquiabierta. Suponer un cambio orgánico del INE para pasar a ser el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, la remoción y cambió de método para la elección de los consejeros a través del voto popular, la desaparición de los organismos públicos locales y tribunales electorales y demás elementos, supone un debilitamiento estructural y a la vez persuasivo sobre la materia electoral. Si bien, estoy de acuerdo que la operación del sistema político mexicano absorbe cada año más y más dinero público, sin embargo, considero que las medidas que plantea el presidente en la iniciativa son descabelladas y tienen un trasfondo que pudiera tener un punto de no retorno para la democracia mexicana.
