Por Rafael Contreras Preza
El delito de feminicidio ha lacerado a nuestra sociedad desde hace décadas. La gravedad de este problema incluso ha llevado a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al Estado Mexicano en distintos casos, como González y otras (2009), Ernestina Ascencio Rosario (2025) y García Andrade (2026), al considerar que las autoridades mexicanas fallaron en prevenir, investigar y sancionar adecuadamente estos crímenes contra las mujeres.
Las sentencias mencionadas evidencian una deuda histórica para las mujeres mexicanas, ¿y qué respuesta ha dado la primera Presidenta de México al respecto? Una iniciativa de reforma constitucional (inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal) para que el Congreso de la Unión pueda expedir la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio. Con ello, la primera mandataria busca construir un único marco jurídico nacional que unifique criterios en todo el país para la prevención, la investigación y la sanción del delito de feminicidio.
La intención de esta reforma legal es reducir la arbitrariedad en la investigación reduciendo la posibilidad de impunidad y garantizar una mayor protección de las mujeres que desafortunadamente perdieron la vida en este delito tan violento. De manera toral se busca que toda muerte violenta de una mujer sea investigada, desde un inicio, como un posible caso de feminicidio, evitando que los casos sean minimizados o clasificados erróneamente como suicidios, homicidios culposos o incluso que queden en total impunidad.
Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva legislación es que busca homologar los protocolos de investigación en todo el país para evitar que los feminicidios continúen siendo invisibilizados o investigados de manera deficiente. un solo criterio uniforme de investigación, persecución penal y sanción del delito de feminicidio que las 31 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (en el ámbito de sus competencias) deberán aplicar. Durante años, muchos casos fueron clasificados incorrectamente como suicidios, accidentes u homicidios simples, lo que no solo debilitó las investigaciones, sino que también profundizó la impunidad. Por ello, establecer que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio representa un avance importante para garantizar justicia con perspectiva de género. Por otro lado, el ministerio público que quiera dar esa clasificación tendrá la carga de la prueba para acreditar que una muerte violenta contra una mujer no es feminicidio; eso es justicia histórica en memoria de las víctimas que quedaron impunes mediante clasificaciones jurídicas erróneas como las antes mencionadas.
La iniciativa también fortalece la responsabilidad del Estado al establecer investigaciones continuas, especializadas y obligatorias. Esto es relevante porque uno de los principales problemas en México no ha sido únicamente la falta de leyes, sino las fallas institucionales para aplicarlas correctamente. La creación de fiscalías especializadas y la continuidad procesal pueden contribuir a reducir omisiones, retrasos y negligencias que históricamente han afectado a las víctimas y sus familias; con ello, se genera la obligación a las autoridades ministeriales de dar continuidad permanente a las investigaciones; ello, buscando que cada vez menos se dé el “carpetazo” en casos de feminicidios.
Otro punto positivo es que la propuesta reconoce que el impacto del feminicidio no termina con la pérdida de una vida. Las consecuencias alcanzan a hijas, hijos y familiares que muchas veces quedan en situación de abandono, vulnerabilidad y desprotección. Por ello, garantizar atención psicológica, asistencia jurídica, seguridad social y reparación del daño representa una visión más humana e integral de la justicia. Asimismo, resulta relevante que la ley contemple sanciones adicionales para los responsables, como la pérdida de la patria potestad, derechos sucesorios y cargos públicos. Esto envía un mensaje claro de que el feminicidio no debe entenderse únicamente como un delito individual, sino como una de las expresiones más graves de violencia contra las mujeres.
Finalmente, la propuesta incorpora medidas preventivas y de protección que reflejan una visión más amplia del problema. La creación de registros nacionales, campañas de concientización y mecanismos de atención especializada puede ayudar a construir instituciones más sensibles y preparadas para enfrentar la violencia feminicida. Más allá del endurecimiento de penas, el verdadero valor de esta iniciativa radica en que busca colocar la protección de las mujeres y el acceso a la justicia como una prioridad nacional. Con esta propuesta, el Estado mexicano busca consolidar una estrategia nacional más coordinada para proteger la vida, la dignidad y la seguridad de las mujeres.
