Por Alfredo Inzunza Arce.
Durante la famosa conferencia “mañanera” del martes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que impulsará una reforma del sistema de pensiones, esto principalmente para que los trabajadores al jubilarse perciban lo que ganan en salario, algunos ven este cambio constitucional poco viable debido a que el oficialismo carece de los dos tercios de votos necesarios en el Congreso de la Unión, además AMLO mencionó que se busca que el gobierno pueda participar en la administración de las pensiones y ayudar a los empresarios con las aportaciones.
No se descarta que esta propuesta sea con fines meramente electorales, pero recordemos que “una mala jugada en política podría derivar varios problemas, entre ellos generar desconfianza hacia los mercados financieros internacionales”, dicho de otra manera a inversionistas extranjeros.
Los nuevos cambios al sistema de pensiones deben estar acompañados de estudios actuariales, contables y financieros, pidió la COPARMEX (Confederación Patronal de la República Mexicana).
Si el gobierno participará en la administración de las pensiones podría representar un riesgo para las finanzas públicas, debido a que el gasto público en pensiones representa alrededor del 22% del gasto total y la participación del estado reduciría aún más la capacidad del gobierno para realizar gasto en otros rubros como pudieran ser salud, educación e inversión en infraestructura. Esto llevaría un riesgo de mayor déficit y endeudamiento, lo que por consecuencia llevaría a recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México, el déficit presupuestario para 2024 es de 4.9% del PIB (5.4% del PIB si tomamos en cuenta a las empresas públicas CFE y PEMEX), el más alto desde que se tiene medida de este dato desde 1988, y de por si existe la percepción de que hay presiones fiscales crecientes, esto sería una carga adicional a las finanzas públicas.
Para los trabajadores también sería un riesgo el que el estado participe en la administración de las pensiones, puesto que el gobierno podría estar tentado a utilizar el dinero de los trabajadores en proyectos del gobierno, los cuales buscan principalmente un rendimiento social antes que un rendimiento financiero, dicho en otras palabras el dinero podría utilizarse en proyectos que en algunos casos implicaría pérdidas para los trabajadores.
En el año 2020 Morena y aliados aprobaron una reforma para el sector, la cual redujo el requisito para tener derecho a pensión, comenzando en 750 semanas cotizadas y aumentando en 25 semanas cada año hasta alcanzar las 1,000 semanas en 2030, anteriormente el requisito para tener derecho a pensión era de 1,250 semanas cotizadas, y además la aportación total aumentará del 6.5% al 15%, debido al incremento gradual de la contribución de los patrones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció que durante un periodo de ocho años, los patrones aumentarán 2.7 veces su contribución al retiro de los trabajadores.
El control de sistema de pensiones mexicano en 1997 pasó a manos de las afores (Administradoras de Fondos para el Retiro), de acuerdo con datos de la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro), al cierre del primer semestre de 2023 las afores administraban 5 billones 550,945 millones de pesos, alrededor del 19% del PIB, según la SHCP los recursos manejados por las afores para 2030 representarán entre el 35%-40% del PIB.
