Por Alfredo Inzunza.
México es una economía mixta, lo que significa que combina elementos del capitalismo y el socialismo, permitiendo la coexistencia de empresas privadas y públicas en su sistema económico.
PEMEX (Petróleos Mexicanos) y CFE (Comisión Federal de Electricidad) son pilares del sector energético de México. PEMEX, como productor de petróleo y gas, y la CFE, como principal proveedor de electricidad, son cruciales para la vida diaria de los mexicanos.
Conforme han pasado los años se ha leído y escuchado entre analistas y comentaristas que el Estado mexicano es un mal administrador de empresas, se ve de una manera clara con los últimos reportes de las empresas mexicanas, al segundo trimestre de 2024, CFE reportó una pérdida por (-)74.8 mil millones de pesos, representando un retroceso de 162.6 mil millones de pesos al comparar el resultado del mismo periodo de 2023, esto se debe principalmente a un aumento del 824.3% en el gasto financiero, y PEMEX reportó una pérdida por (-)251.3 mil millones de pesos, siendo la mayor pérdida para la empresa en los últimos 13 años (sin contar 2020), si comparamos YoY (Year Over Year), la empresa registró un retroceso de 333.4 mil millones de pesos (-405.8%).
Al 30 de junio de 2024, la deuda de la CFE ascendió a 460.7 mil millones de pesos. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la deuda total de la CFE aumentó un 14.5%, lo que equivale a un incremento de 58.2 mil millones de pesos.
Durante los primeros seis meses de 2024, la deuda total de PEMEX fue de 1.83 billones de pesos (99.4 mil millones de dólares), lo que equivale al 5.3% del PIB estimado en los Criterios Generales de Política Económica 2024 (34.37 billones de pesos). Esta cifra muestra una ligera disminución del 3.2% en comparación con el primer semestre de 2023. La deuda de PEMEX con proveedores y contratistas alcanzó su nivel más alto en 13 años, llegando a 362.5 millones de pesos al cierre del segundo trimestre de 2024. Esto representa un aumento del 56.8% en comparación con el mismo periodo de 2023.
La información anterior lleva a preguntarnos: “¿El gobierno mexicano enfrenta una dificultad continua para manejar las empresas que posee con eficacia y profesionalismo?” La respuesta más que obvia al ver la información anterior sería que sí. Sin embargo, esta respuesta podría resultar engañosa y poco útil. México debería buscar que sus empresas públicas sean un modelo de buena administración.
Argumentos a favor de la incapacidad del gobierno de México para manejar empresas públicas:
- Historial de Pérdidas: Empresas como PEMEX y CFE han registrado pérdidas significativas en los últimos años, lo que sugiere problemas en la gestión y eficiencia.
- Intervención Política: La administración de estas empresas a menudo está influenciada por decisiones políticas, lo que puede llevar a decisiones que no siempre están alineadas con las mejores prácticas de negocios.
- Problemas de Gobernanza: La estructura de gobernanza de estas empresas ha sido criticada por su falta de independencia y profesionalismo, con directivos y consejeros nombrados por el gobierno, lo que puede comprometer la eficiencia operativa.
Argumentos en contra de la incapacidad del gobierno de México para manejar empresas públicas:
- Potencial para la Mejora: Con las reformas adecuadas, enfocadas en la profesionalización de la gobernanza corporativa y la adopción de mejores prácticas internacionales, estas empresas tienen el potencial de mejorar su desempeño.
- Experiencias Internacionales: Otros países con economías mixtas han logrado gestionar eficientemente sus empresas estatales. Por ejemplo, Equinor en Noruega y Ecopetrol en Colombia son ejemplos de cómo las empresas estatales pueden ser administradas eficientemente con la estructura de gobernanza adecuada.
- Inversiones Estratégicas: El Estado puede hacer inversiones estratégicas en sectores clave que pueden no ser atractivos para la inversión privada debido a los altos costos iniciales y largos períodos de recuperación.
La reforma energética enviada a la Cámara de Diputados el 5 de febrero de este año pretende convertir las empresas productivas del Estado en empresas públicas (sin especificar cómo será esta nueva figura), asegurar que la CFE tenga prioridad sobre otros actores y restringir las opciones de financiamiento para la infraestructura de redes eléctricas. El propósito de estos cambios es permitir que PEMEX y CFE operen con pérdidas al eliminar el requisito de rentabilidad y las mejores prácticas de gobernanza corporativa.
De esta forma, se estaría perjudicando a las empresas estatales. Pero esto no quiere decir que no sea necesario reformar estas empresas. Es urgente y fundamental reflexionar sobre las reformas que requieren las empresas públicas en México.
El problema central y el fallo original de la reforma energética de 2013 fue que, a pesar de haber establecido consejos de administración y comités auxiliares en ambas empresas siguiendo las mejores prácticas internacionales de gobernanza, el órgano de máxima autoridad permaneció bajo control político, con una mayoría de consejeros del gabinete presidencial. Las direcciones generales de PEMEX y CFE continuaron integrándose en el gabinete ampliado, y su nombramiento seguía siendo una prerrogativa presidencial. En consecuencia, las decisiones siguen siendo influenciadas por consideraciones políticas, en lugar de ser impulsadas por las necesidades empresariales o el avance tecnológico.
Para proporcionar servicios públicos de calidad, como en la transmisión, distribución y suministro eléctrico, la rentabilidad de las empresas del Estado es fundamental. Sin recursos suficientes para realizar inversiones, es imposible asegurar un servicio adecuado para los consumidores.
La práctica internacional ofrece un ejemplo relevante: la empresa estatal noruega de petróleo, “Equinor”, está compuesta por ocho consejeros independientes de un total de diez. En América Latina, la petrolera estatal colombiana, “Ecopetrol”, tiene una junta directiva de nueve miembros, de los cuales seis son independientes.
La sostenibilidad a largo plazo de PEMEX y CFE requiere una profesionalización en la gobernanza corporativa, donde las decisiones de inversión se basen en el mejor interés del negocio y no en factores políticos. Tener una mayoría de consejeros independientes, elegidos por el presidente y aprobados por el Senado, sería un paso en el camino adecuado.
En última instancia, esto se reduce a un tema político. El nuevo gobierno, que entrará en funciones el próximo 1 de octubre, tendrá una fuerza y legitimidad política sin precedentes en la historia reciente del país para imponerse sobre las resistencias a cambiar la gobernanza de PEMEX y CFE. Los futuros nombramientos en estas empresas durante las próximas semanas ofrecerán señales sobre cómo se procederá.
