Por Alfredo Inzunza.
La futura directora de la CFE asumirá una empresa que, en el segundo trimestre de 2024, registró pérdidas por 74,800 millones de pesos, el saldo de la deuda fue de 460,700 millones de pesos, lo cual equivale a 25,300 millones de dólares, la deuda equivale a 1.3% del Producto Interno Bruto estimado para 2024 en los Criterios Generales de Política Económica 2024.
Enfrentará el desafío de lograr que el país produzca la cantidad y tipo de energía necesarios para satisfacer las demandas del nearshoring y el cambio climático, además de cubrir el consumo energético actual y el que se proyecta en el futuro.
Además, el pasado 5 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de 20 reformas, de las cuales 18 son constitucionales y dos de carácter legal, entre las cuales va una reforma en materia de energía.
El pasado 12 de agosto la presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer quien será la persona que estará al frente de la Comisión Federal de Electricidad durante su sexenio, Emilia Esther Calleja Alor será la próxima directora de la CFE y enfrentará importantes desafíos, luego de un sexenio en el que el sector perdió competitividad y quedó rezagado en la transición energética global, aún lejos de los objetivos del Acuerdo de París, que exige un 35% de generación eléctrica con tecnologías limpias para 2024.
Calleja Alor es ingeniera electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya, maestra en Administración y Alta Dirección por la Universidad Autónoma de Coahuila, se especializó en administración, gestión de recursos y operación en la industria eléctrica, tiene más de 21 años de experiencia en la CFE; actualmente lidera la operación de unas 30 centrales eléctricas de la empresa estatal, desempeñándose desde 2023 como directora general de CFE Generación I.
Este nombramiento ha generado grandes expectativas, ya que se trata de la primera mujer en dirigir la CFE, con un perfil eminentemente técnico y no político.
El sector energético en México enfrenta un desafío con tres temas esenciales: el crecimiento en la demanda, el rezago en infraestructura (particularmente en transmisión y distribución) y el cambio climático, que ha provocado temperaturas extremas y sequías prolongadas.
Resolver estos problemas es crucial, ya que México enfrenta varios retos en materia energética, como extender el servicio a quienes aún no tienen acceso y realizar importantes inversiones en infraestructura. Las actuales líneas de transmisión no son suficientes para cubrir la demanda actual, la cual se estima crecerá a una tasa promedio anual de 2.5% en un escenario base, según el Instituto Mexicano para la Competitividad. Esta situación se agrava por los efectos del cambio climático, cuyos impactos se hacen cada vez más evidentes.
El reto no solo radica en desarrollar infraestructura suficiente para cubrir las necesidades del país, sino también en mantener adecuadamente las líneas de distribución. No tiene sentido generar más energía si no existen redes adecuadas para su distribución. Diversos estudios señalan que las pérdidas promedio del sistema eléctrico oscilan entre el 2% en alta tensión, 4% en media tensión y 8% en baja tensión.
Según la Coparmex, el sector eléctrico de México requiere inversiones anuales de 21,600 millones de dólares en generación, transmisión y distribución, lo que supone aproximadamente un total de 130,000 millones de dólares durante el próximo sexenio, con el fin de garantizar un suministro de energía limpio y confiable. Si se realizan estas inversiones, el país podría obtener un retorno de 210,000 millones de dólares, ya que también se atraerían nuevas inversiones privadas, impulsadas por el nearshoring, según la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Asimismo, datos de la Universidad Rice indican que México necesitará 65,000 millones de dólares adicionales en inversión eléctrica para satisfacer la demanda proyectada por la llegada de nuevas empresas al país.
En cuanto a la reforma en materia energética que presentó el presidente AMLO el pasado 5 de febrero, la iniciativa de reforma busca establecer en la Constitución que la Comisión Federal de Electricidad tendrá prioridad sobre los actores privados en el sector eléctrico.
La propuesta de reforma constitucional en materia de energía contempla las siguientes modificaciones:
- Artículo 25: Se propone cambiar la naturaleza de las empresas productivas del Estado (Comisión Federal de Electricidad), para convertirlas en empresas públicas.
- Artículo 27: Se elimina la posibilidad de inversión privada en la transmisión y distribución de electricidad. Además, se establece que las empresas privadas no podrán tener prioridad sobre la empresa pública del Estado, cuya función principal es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
- Artículo 28: Se añade el servicio de internet provisto por el Estado a la lista de áreas estratégicas. Asimismo, se especifica que los objetivos de la planificación y el control del sistema eléctrico nacional serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética, además de proveer electricidad al menor costo posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y la soberanía mediante la empresa pública del Estado.
Las implicaciones de la reforma propuesta en materia energética serían significativas.
- Incertidumbre jurídica: Las reformas generarían un ambiente de inseguridad jurídica que no solo afectaría a las inversiones directamente involucradas en el sector energético, sino que enviaría un mensaje preocupante a toda la economía, sugiriendo que el Estado mexicano no tiene un compromiso sólido con el Estado de derecho.
- Pérdida de incentivos a la eficiencia: Al limitar la entrada de nuevos participantes en el mercado de generación eléctrica, se eliminarían los incentivos a la competencia, lo que afectaría la eficiencia y aumentaría los costos de la electricidad, perjudicando a los consumidores.
- Impacto negativo en la transición energética: Priorizar a la CFE con criterios políticos reduciría las oportunidades de inversión privada en energías renovables, lo que desaceleraría la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.
- Carga financiera sobre la CFE: La eliminación de los mecanismos de inversión privada en la transmisión y distribución eléctrica (como las asociaciones público-privadas y los instrumentos financieros CKD, Cerpi o Fibra E) implicaría que la CFE tendría que asumir todo el gasto de capital necesario para expandir y modernizar las redes eléctricas, una carga que podría ser insostenible.
- Daño a las finanzas públicas: Al transformar a la CFE en una empresa pública sin fines de lucro y eliminar su mandato de generar valor económico para el Estado, se abre la puerta para que la empresa opere con pérdidas, lo que podría generar un impacto negativo en la hacienda pública y aumentar la deuda del país.
En México, debido a nuestra historia y su relevancia, la energía se ha convertido en un tema político, especialmente en lo relacionado con el petróleo y el gas. Sin embargo, en los últimos tiempos, esta perspectiva también ha influido en el sector eléctrico. Por ello, el perfil de la próxima directora de la CFE podría jugar un papel clave en esta dinámica.
El nombramiento de Emilia Esther Calleja Alor como directora de la CFE llega en un momento crítico para la empresa y el sector energético mexicano. Con una deuda significativa, pérdidas recientes y desafíos estructurales, Calleja Alor enfrentará un panorama complicado.
La reforma energética propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que prioriza a la CFE sobre los actores privados y limitan la inversión privada, añade una capa adicional de complejidad a su gestión. La necesidad de modernizar la infraestructura, resolver problemas de eficiencia y adaptarse a un contexto de cambio climático y demanda creciente serán esenciales para garantizar la estabilidad y el futuro del suministro energético en México. El éxito de la nueva directora dependerá de su capacidad para enfrentar estos retos con eficacia, mientras navega por un entorno político y económico en constante evolución.
