Por Natalia Aguilar
¿Qué pasaría si la Tierra pudiera hablar en nuestras leyes? No como metáfora, sino con voz jurídica, con derecho a réplica. ¿Nos atreveríamos a escucharla? ¿Le daríamos asiento en el Congreso, lugar en los tribunales o palabra en nuestras decisiones?
Hoy parece una idea lejana. Pero no lo es tanto.
En Ecuador, la Constitución reconoce los derechos de la naturaleza. En Bolivia, la Madre Tierra es sujeto legal. En Nueva Zelanda, un río es considerado persona. Lo que ahí está ocurriendo es un cambio profundo: dejar de ver la Tierra como propiedad y empezar a entenderla como lo que siempre ha sido —vida, memoria, territorio, madre.
¿Y aquí? En México, aún no hemos dado ese paso. Aquí, las montañas no tienen defensa legal cuando son dinamitadas por empresas privadas. Los ríos no tienen abogado cuando se contaminan. Aquí, todavía hay quienes creen que la naturaleza es un “recurso”, algo a explotar hasta agotarlo.
Pensemos en el río Culiacán. ¿Qué diría si hablara? ¿Contaría cómo lo han convertido en drenaje a cielo abierto? ¿Hablaría del lirio acuático que crece no por abundancia, sino por abandono? ¿Denunciaría los plaguicidas, los residuos? ¿Pediría ayuda? O ¿Exigiría justicia?
Lo más triste es que no necesita hablar, ya nos lo está diciendo todo. Solo que no escuchamos.
La voz de la Tierra está en la sequía que se agrava. En los campos agrietados que no producen igual que antes. En los cerros que tiemblan ante la minería. Está en el calor que no da descanso, en las tormentas que ya no avisan. No es que no tenga voz. Es que no tiene derechos.
Pero algo está cambiando.
Este 4 de junio, un juez federal en México celebrará una audiencia constitucional para decidir si el megaproyecto del Tren Maya ha violado derechos humanos y ha causado daños irreparables al ambiente. Comunidades indígenas, habitantes de la Península de Yucatán y organizaciones civiles se han unido para pedir justicia, no solo para ellos, sino también para la selva, los cenotes, los animales que habitan la región y el patrimonio biocultural que está siendo puesto en riesgo.
Investigaciones de la UNAM ya han advertido que el Tren Maya fragmenta ecosistemas clave y aumenta la vulnerabilidad del territorio ante eventos climáticos extremos. Pero más allá de los estudios técnicos, lo que está ocurriendo es profundamente simbólico: por primera vez, se abre la posibilidad de que un juez escuche lo que la Tierra está tratando de decir.
Y aún en medio del ruido, hay quienes ya la escuchan. Las mujeres que resguardan los manglares, las comunidades que defienden el agua, los pueblos originarios que no necesitan términos jurídicos para saber que la Tierra es sagrada. Y también, los activistas que han sido silenciados por incomodar al poder, por alzar la voz donde otros prefieren mirar hacia otro lado.
Ellos ya estaban legislando con el corazón. Actuando con responsabilidad ecológica sin esperar a que una ley lo exija. Porque la legalidad no siempre es sinónimo de justicia.
Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Tal vez empezar por reconocer que sin justicia para la Tierra, no puede haber justicia para nadie. Que los derechos de la naturaleza no son algo romántico, sino urgente. Y que si la Tierra hablara, no nos pediría caridad, sino respeto. Nos pediría reparación.
El día que escuchemos a la Tierra con leyes, con justicia y con corazón, tal vez —solo tal vez— todavía tengamos algo que salvar.
