Por Natalia Aguilar
En Puerto Libertad, Sonora, se levanta un megaproyecto que promete energía limpia, pero arrastra consigo opacidad, acaparamiento y desplazamiento. El Proyecto Saguaro Energía, impulsado por la empresa estadounidense México Pacific Limited, propone construir un gasoducto de más de 800 kilómetros desde Texas hasta Sonora y con una capacidad proyectada de 15 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL), este proyecto busca exportar gas extraído mediante fracking desde la Cuenca Pérmica de Texas hacia los mercados asiáticos, evitando el tránsito por el Canal de Panamá.
Pese a que el gobierno federal ha sostenido un discurso de autosuficiencia energética y justicia climática, proyectos como Saguaro Energía contradicen esa narrativa al priorizar la exportación de gas fósil por encima del acceso local y la soberanía territorial. En vez de transitar hacia una soberanía energética justa, se prioriza el negocio transnacional sobre los derechos comunitarios y ambientales. Esto refleja una disonancia entre las políticas públicas y la realidad que viven las comunidades afectadas.
¿Energía para quién?
La planta de licuefacción de gas natural, que ocupará más de 400 hectáreas —equivalente a 70 veces el Estadio Azteca—, no está diseñada para abastecer a las comunidades locales, muchas de las cuales siguen sin acceso continuo a energía. Su objetivo principal es procesar gas extraído en Texas para su exportación a Asia, utilizando energía generada por una planta solar que también forma parte del proyecto.
Este modelo no sólo perpetúa la dependencia del gas natural, sino que convierte a México en un puente energético subordinado a intereses ajenos.
Impactos invisibilizados
Aunque se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de energía en América Latina, poco se ha informado sobre sus impactos sociales y ecológicos. Puerto Libertad alberga un ecosistema árido costero frágil, hogar de especies endémicas y hábitat importante para aves migratorias. La expansión industrial representa una amenaza directa a la biodiversidad del Golfo de California, conocido como “el acuario del mundo”, albergando el 39% de los mamíferos marinos del planeta.
Además, las emisiones estimadas del proyecto superan los 73 millones de toneladas de CO₂ anualmente, lo que contraviene los compromisos internacionales de México en materia de cambio climático.
Pobladores han señalado que no fueron consultados de manera libre, previa e informada, como lo estipula el Convenio 169 de la OIT. Además, organizaciones como Alianza por la Justicia Climática en Sonora han documentado la falta de transparencia en las evaluaciones de impacto ambiental y en los mecanismos de participación ciudadana.
Cabe destacar que, hasta la fecha, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto no ha sido publicada oficialmente. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ha indicado que el Proyecto Saguaro enfrenta cinco juicios de amparo y revisiones ambientales, lo que ha detenido su avance.
¿Energía limpia… o lavado verde?
El caso de Saguaro Energía revela cómo las energías renovables también pueden replicar prácticas coloniales: acaparamiento de tierra, despojo, falta de consulta y beneficios que no llegan a las poblaciones locales. Energía “limpia” no siempre significa energía justa.
El discurso de sostenibilidad muchas veces se utiliza para legitimar megaproyectos que refuerzan la desigualdad. Si no se acompaña de planeación participativa, respeto territorial y justicia ecológica, incluso la energía solar puede volverse parte del problema.
En este contexto, surge una pregunta fundamental: ¿estamos dispuestos a sacrificar uno de los ecosistemas más valiosos del planeta en nombre del progreso? ¿Podemos seguir llamando transición energética a un modelo que sólo cambia el tipo de recurso, pero no las reglas del juego?
