Por Sofía González Torres
¿Alguna vez elegiste un producto porque decía “verde”, “eco” o “biodegradable” en su empaque?¿Te sentiste bien porque, además de cubrir una necesidad, estabas haciendo algo por el planeta? Pues hay algo que necesitas saber: muchas veces, esa etiqueta fue una mentira con envoltura bonita.
Eso se llama greenwashing, y es una práctica cada vez más común: empresas que aparentan ser responsables con el medio ambiente, sin serlo en absoluto. ¿Cómo? Usan palabras como “sustentable”, “biodegradable” o “climáticamente neutro” sin tener pruebas que lo respalden. Es como vender aire puro… en una bolsa de plástico.
Pero desde el Legislativo, algo está cambiando.
En días pasados, la Comisión de Defensa de los Consumidores del Senado aprobó un dictamen que podría ponerle un alto a este tipo de engaño ambiental. La iniciativa, propuesta por el senador Luis Armando Melgar Bravo del Partido Verde Ecologista de México y respaldada por diversas bancadas, plantea reformar el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para prohibir que productos o servicios usen términos “verdes” sin evidencia científica que los respalde.
El objetivo es claro: no más propaganda falsa. Si una empresa quiere decir que su producto es biodegradable o que ayuda al medio ambiente, tendrá que demostrarlo con datos verificables. Nada de usar el marketing para aprovecharse del desconocimiento de las personas que, con la mejor intención, buscan un consumo responsable.
Porque sí, muchas veces son justo esas personas las que terminan siendo engañadas. Desde popotes y bolsas con etiquetas “ecológicas” que no lo son, hasta campañas políticas que usan sellos “sustentables” sin tener respaldo alguno: el greenwashing se ha convertido en una trampa para quien busca hacer lo correcto.
Y no es un problema menor. Datos del Parlamento Europeo indican que el 53% de las afirmaciones ambientales en productos revisados eran engañosas, y el 40% no tenía ningún sustento. Por eso, países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos ya tomaron cartas en el asunto con legislación clara y estricta. Respecto a México, no existen datos o estudios que nos ayuden a comprender los alcances de este fenómeno.
Además, el dictamen contempla que la Profeco y la Semarnat establezcan lineamientos claros para detectar y sancionar estas prácticas. Es decir, no se queda en el papel: busca herramientas concretas para hacerlo cumplir.
En México, este paso en el Senado es una buena noticia. Se trata de proteger a las y los consumidores y construir una cultura donde la sustentabilidad sea verdadera, no solo decorativa.
Esta es una de esas iniciativas que no deben pasar “ghosteadas”. Porque tiene el potencial de impactar directamente en lo que compramos, en cómo lo compramos y en la forma en que las empresas entienden su responsabilidad ambiental.
¿Lo mejor? Es una muestra de que cuando el Congreso legisla con sentido común y visión de futuro, se pueden impulsar cambios reales.
Así que vale la pena seguirle la pista. Porque si vamos a construir un país más verde, que sea con hechos, no con etiquetas vacías.
