Por Natalia Aguilar
Nunca veo las mañaneras, pero hace unos días, en redes sociales, me encontré con un fragmento que me dejó helada. Claudia Sheinbaum, doctora en Ingeniería Ambiental, anunciaba con orgullo la inversión de 2,750 millones de dólares por parte de Heineken México para construir una nueva planta cervecera en Kanasín, Yucatán, entre 2025 y 2028.
“Heineken anunció una inversión histórica para los próximos años. Se van a generar más de 2,000 empleos durante la construcción y alrededor de 700 empleos permanentes”, afirmó durante la conferencia del 10 de junio de 2025.
Lo que no se dijo en esa transmisión es que la industria cervecera es una de las más intensivas en el uso del agua. Por cada litro de cerveza se utilizan 2.6 litros de agua, de acuerdo con Cerveceros de México, sin contar el uso indirecto en agricultura para cebada y otros insumos.
Yucatán es una de las zonas más frágiles ambientalmente del país. Su suelo kárstico, altamente poroso, permite que cualquier contaminante llegue casi directo al acuífero peninsular, que es la única fuente de agua potable para millones de personas. La industria cervecera no solo extrae grandes volúmenes de agua, sino que sus residuos industriales, si no se manejan con rigurosidad, pueden poner en riesgo este ecosistema subterráneo.
De hecho, desde 2020 la Comisión Nacional del Agua ha clasificado al acuífero de Mérida como “sin disponibilidad” de agua subterránea. En otras palabras: no hay margen para extraer más sin afectar la recarga natural o a otras usuarias.
En palabras de Eduardo Batllori, exsecretario de Medio Ambiente de Yucatán:
“El suelo de la península no filtra; lo que entra se va al manto. Lo que no se protege hoy, se contamina mañana.”
Y no es un caso aislado. Heineken ya fue cuestionada en Monterrey durante la crisis hídrica de 2022, cuando siguió operando mientras los hogares sufrían cortes y tandeos. La periodista Priscila Pacheco documentó que:
“Mientras colonias del área metropolitana no tenían agua, las cerveceras no paraban de producir.”
Entonces, ¿cómo es que un Presidente con formación científica y un discurso de sustentabilidad celebra un megaproyecto cervecero en una región donde la presión hídrica ya es crítica?
La contradicción es grave. El Gobierno Federal habla de transición energética, justicia climática y soberanía hídrica, pero en los hechos se avalan proyectos extractivos disfrazados de desarrollo. Se nos pide aplaudir la generación de empleos, pero no se pondera el costo ecológico ni la deuda ambiental intergeneracional.
Este no es un rechazo a los empleos. Es un rechazo a proyectos que desmantelan los territorios para producir cerveza de exportación, mientras las comunidades locales enfrentan escasez, contaminación y despojo.
Hasta la fecha de este escrito, no existe ningún documento público en la Gaceta Ecológica de SEMARNAT que muestre una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para este proyecto. No hay consulta pública, ni estudios sobre la capacidad de carga del acuífero para sostener esta nueva demanda. Pero sí hay prisa por celebrar inversión extranjera.
Desde organizaciones socioambientales, ya se encendieron las alertas. No se trata solo de una cervecera, sino de un modelo de ocupación del territorio donde el mercado impone, y la naturaleza pierde.
¿Qué podemos hacer?
Exigir transparencia. Que la MIA sea publicada y revisada con participación comunitaria. Que la CONAGUA niegue permisos en acuíferos sin disponibilidad. Que se priorice el derecho humano al agua por encima de la lógica de exportación. Y que se escuche a quienes defienden el territorio con base en ciencia, justicia y memoria.
Porque el agua no se negocia. Se defiende, se regula y se honra.
