Por: Sofía González Torres
En un país donde millones aún viven desconectados, la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión debe leerse como una reorganización burocrática y una oportunidad para corregir el rumbo hacia una conectividad verdaderamente universal. Esta ley, recientemente aprobada por el Congreso en un periodo extraordinario de sesiones, abre la puerta para democratizar el acceso a Internet, proteger los derechos de las audiencias y fortalecer a los medios comunitarios e indígenas. Pero, paradójicamente, ha sido recibida con más ruido que claridad.
Primero lo esencial: se garantiza el ejercicio del derecho del Artículo Sexto Constitucional sobre acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Esto no es retórica. Hablamos de una apuesta para conectar a más de 15 millones de personas que hoy viven sin acceso a la red.
La Comisión Federal de Electricidad, a través de su brazo de telecomunicaciones, se convierte en una aliada estratégica en este cometido. Se establece una política clara de uso social del espectro y se promueven mecanismos de cobertura en zonas remotas con incentivos fiscales y despliegue simplificado. Es decir, se prioriza a quien históricamente ha sido relegad.
Además, la ley refuerza los derechos de las audiencias. Obliga a todos los concesionarios a contar con defensores de audiencias, impulsa lineamientos editoriales para medios públicos y garantiza la accesibilidad para personas con discapacidad. Es decir, más allá del mercado, esta reforma entiende a la comunicación como un derecho.
¿Y la censura? Se eliminó el artículo 109 que contemplaba el bloqueo de plataformas digitales. No hay ningún párrafo que autorice vetos o silenciamientos arbitrarios. La supuesta amenaza de censura no resiste la lectura del texto legal. Lo que sí hay son reglas para ordenar el espectro, mejorar la transparencia y diversificar las voces en los medios. Fortalecer a los medios comunitarios, indígenas y afromexicanos es ampliar la libertad de expresión, no reducirla.
El debate más álgido se ha centrado en la privacidad. Se ha dicho que esta ley habilita un “espionaje de Estado”, pero vale la pena clarificar: no hay facultades nuevas para acceder a geolocalización o metadatos sin orden judicial. Lo que se mantiene es lo ya establecido desde 2014: el acceso a esa información sigue supeditado a la orden de un juez. Y más aún: no se permite el acceso en tiempo real sin autorización judicial.
La narrativa del “Big Brother del Bienestar” distorsiona el fondo de una ley que —con razón— busca prevenir delitos, sin vulnerar derechos.
Como en toda transformación institucional de gran calado, su implementación requerirá evaluaciones técnicas y ajustes normativos. Pero no reconocer su potencial transformador es desperdiciar una herramienta poderosa para cerrar brechas.
México no solo necesita más infraestructura digital. Necesita una nueva narrativa: una en la que el acceso a la conectividad sea tan esencial como el acceso al agua o a la educación. Esta ley puede ser el primer capítulo de esa historia, si logramos sintonizarnos con su espíritu de inclusión.
En telecomunicaciones, como en política, lo importante no es solo quién habla más fuerte, sino quién escucha mejor. Y hoy, el Estado mexicano ha decidido escuchar.
