Por: Sofía González Torrres
Durante años, pedirle a una víctima de extorsión que denuncie, ha sido francamente, pedirle un milagro. ¿Quién iba a arriesgar su vida, su patrimonio o su tranquilidad a cambio de un trámite frío, lento y muchas veces inútil? ¿Quién se iba a lanzar a denunciar a un grupo criminal organizado que controla su colonia, su mercado o su cadena de suministro? Es injusto e inviable.
Con la nueva iniciativa de Ley General contra la Extorsión, el Estado mexicano está diciendo en voz alta lo que durante años no se atrevió a asumir: la víctima no puede sola. La extorsión, ese delito sigiloso pero devastador, se ha convertido en un cáncer económico, social y territorial. De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorrsión ha crecido 27.7% entre el primer semestre de 2019 y el mismo periodo de 2025. En un lapso de seis años, el delito ha crecido más del 50%, y en la última década, se ha disparado un 82%. Se trata del único delito de alto impacto que no ha dejado de crecer. ¿Suena fuerte? Lo es. Pero aún más fuerte es la posibilidad real de que, por fin, el Estado cambie las reglas del juego.
A partir de un diagnóstico claro, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que, en el combate a este flagelo, los resultados han sido insuficientes y es momento de actuar.
La iniciativa legal es la columna vertebral de una estrategia nacional que entiende que el combate a la extorsión no se libra solo en el Ministerio Público, sino en la inteligencia financiera, en las prisiones, en las líneas telefónicas y, sobre todo, en el Congreso. Porque el núcleo del asunto es el proceso legislativo que inicia en septiembre, donde se discutirá la reforma al artículo 73 constitucional para permitir la creación de esta Ley General.
La clave está en lo que esta ley propone: que el Estado persiga la extorsión de oficio, que no espere la denuncia de la víctima y que asuma el rol de víctima colectiva. ¿Qué significa esto? Que la carga ya no recae sobre quien sufre el delito, sino sobre quien está obligado a garantizar justicia. Se trata de un cambio de raíz y el corazón del cambio legal propuesto. Porque no basta con endurecer penas, el Estado debe asumir cabal responsabilidad de lo que ha dejado de hacer.
En la parte operativa, que ya se está ejecutando, la estrategia federal incluye disrupción financiera, instalación de más bloqueadores de señal telefónica en centros penitenciarios, uso de la línea anónima 089, inteligencia criminal y coordinación entre fiscalías.
El Congreso, a partir de septiembre, tendrá en sus manos la decisión de permitir o no este viraje. Tenemos la posibilidad de que el Estado deje de pedirle heroísmo a las víctimas y comience a actuar como lo que debe ser: garante de justicia. Si la política sirve para algo, que sea para eso.
Y si el Estado va a asumir la denuncia por nosotras y nosotros, entonces que lo haga bien. Con recursos, con capacidades, con inteligencia y con empatía. Porque en un país donde el silencio es, muchas veces, una medida de supervivencia, romperlo debe ser una responsabilidad institucional, no una carga individual.
