Por Benji Jiménez
En una democracia, la protesta no solo es un derecho, es una parte esencial del debate público. Sin embargo, en los últimos años, México se ha visto atrapado en una peligrosa confusión deliberada entre manifestación legítima y provocación organizada. La frontera que debería ser clara se ha ido desdibujando, sobre todo cuando ciertos actores políticos descubren que la violencia aporta más visibilidad que las ideas.
Lo vimos nuevamente en estos días. La oposición —la derecha— decidió movilizarse justo en una fecha históricamente dedicada a la memoria nacional, buscando encarar a instituciones que gozan de alta aprobación ciudadana, como el Ejército.
La coincidencia no es accidental.
Es parte de una estrategia que consiste en transformar los símbolos patrios en escenarios de confrontación. El objetivo es simple, disputar el sentido de la patria a través de la violencia.
Pero el riesgo de ese juego es profundo. Porque donde debería existir un debate aparece un intento de convertir el enojo en identidad política. Y, con ello, surge una narrativa peligrosa, quienes protestan violentamente no se presentan como agitadores, sino como víctimas de persecución. Lo que se oculta es el contexto completo. México protege la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, pero también tiene la obligación de detener actos que buscan escalar hacia la violencia.
La legitimidad de una causa no se mide por el volumen de los gritos, sino por la solidez de sus argumentos y la capacidad de construir comunidad. Por eso resulta tan preocupante que grupos opositores recurran a expresiones que, lejos de aportar al diálogo democrático, promueven el odio. Insultos misóginos, clasistas, racistas o antisemitas que nada tienen que ver con un proyecto de país. Ese lenguaje no solo cancela el debate; lo degrada. Y cuando el odio se vuelve método político, la democracia deja de ser terreno para la deliberación y se convierte en un ring.
México tiene una larga tradición de movilizaciones pacíficas que pueden dar testimonio de lo contrario. Estudiantes, médicos, ferrocarrileros, maestros y trabajadores de múltiples sindicatos cambiaron este país sin incendiarlo. La vía pacífica ha sido históricamente la vía transformadora. Por eso llama la atención que quienes hoy apuestan por el conflicto no representen causas sociales, sino intereses de grupos que necesitan el enfrentamiento para sostener su narrativa.
En contraste, los datos recientes de seguridad, la disminución sostenida de homicidios dolosos y de bienestar social, la reducción de la pobreza extrema infantil muestra que el país avanza más cuando apuesta por la paz y la justicia social que cuando se instala en el resentimiento o en el combate de la violencia con más violencia, engendra violencia.
Cuando vemos cómo el PRIAN y Salinas Pliego intentan sembrar división, aprovechar el enojo de unos cuantos y convertir la confrontación en estrategia, es inevitable cuestionar qué proyecto de nación queremos respaldar.
¿Acaso no es momento de preguntarnos si queremos construir un país desde el diálogo o destruirlo desde el odio?
