Por: Enrique Corrales
La política, en su dimensión más pragmática, suele ser una gestión de tiempos y prioridades. Sin embargo, en el arranque de este sexenio, el reloj de Palacio Nacional parece estar desincronizado con el de la calle. Mientras la economía nacional camina sobre el filo de una navaja por la incertidumbre comercial y la inseguridad domina el setenta por ciento del territorio, la Presidenta Claudia Sheinbaum parece haber volcado su energía en una introspección de poder: una reforma electoral que, antes de ser una herramienta de democratización, es un intento de purificación interna. La tesis es clara pero arriesgada: la Presidenta busca sacudirse el yugo institucional de los partidos satélites, esos aliados que, en su óptica, cobran por su lealtad una renta mucho más alta de lo que realmente valen en las urnas.
Esta búsqueda de autonomía absoluta revela una voluntad de no depender de “mercenarios” políticos.
Para Sheinbaum, la necesidad de negociar mayorías calificadas con el Partido Verde o el PT no es un ejercicio de pluralidad, sino un lastre que contamina la pureza de su mandato. Al proponer reglas que obligan a estos satélites a un virtual suicidio político o a una subordinación total, la Presidenta intenta que Morena sea el único dueño de su destino, transitando de una coalición de intereses a un monólogo de mando. Es, en esencia, una operación quirúrgica para extirpar la capacidad de chantaje de quienes han aprendido a vender caro su amor legislativo.
Sin embargo, esta mirada introspectiva ocurre en el peor de los momentos posibles. Blanca Heredia ha señalado con precisión quirúrgica que esta clase de movimientos responden a una lógica de control que ignora el entorno sistémico, afirmando en uno de sus análisis que: “La reforma electoral actual no parece diseñada para fortalecer la competencia frente a la oposición, sino para institucionalizar la verticalidad y simplificar el costo de la disciplina interna dentro del oficialismo”.
Esta cita desnuda la intención de fondo: no se trata de ganar más votos, sino de que los votos que ya se tienen no pasen por la aduana de aliados “respondones” o facciones internas difíciles de alinear.
El riesgo de esta maniobra es doble. Por un lado, está la fractura de la unidad de la autollamada Cuarta Transformación. Ricardo Monreal ha sido elocuente al señalar que el fondo de estas iniciativas es puramente político; si no han avanzado, es porque los acuerdos no existen y porque los aliados, al verse acorralados, pueden optar por la insurgencia antes que por la extinción. Por otro lado, está el costo de oportunidad.
En un país donde la confianza de los socios comerciales se erosiona y donde el Estado ha perdido el control territorial en vastas regiones, dedicar el capital político a rediseñar el mapa electoral suena a una desconexión peligrosa.
Al final, la Presidenta parece estar jugando un juego de espejos donde solo ve la estructura de su partido, ignorando que la gobernabilidad no solo se construye con disciplina interna, sino con estabilidad externa. Intentar ser dueña absoluta de su destino político cuando el destino del país está comprometido por la violencia y el estancamiento económico es una apuesta de soberbia que podría terminar por fragmentar lo que tanto se ha esmerado en concentrar.
La unidad de la 4T podría ser la primera víctima de esta búsqueda de pureza absoluta, dejando a una Presidenta con todo el control de su partido, pero con un país cada vez más difícil de controlar.
