Por Sofía González Torres
El pasado 15 de diciembre concluyó un periodo ordinario del Congreso que suele evaluarse a partir de un balance numérico de dictámenes e iniciativas aprobadas. Aunque esa mirada es útil, resulta limitada. Lo verdaderamente relevante no es el volumen de decisiones adoptadas, sino qué marco normativo dejó 2025 y cómo ese legado condiciona la agenda legislativa, institucional y económica de 2026.
En la Cámara de Diputados se discutieron y aprobaron iniciativas vinculadas a áreas estratégicas de política pública. Entre ellas, reformas orientadas a la modernización del sistema aduanero, con énfasis en la digitalización de procesos y el fortalecimiento de la recaudación; cambios relevantes en materia de agua, a través de la Ley General de Aguas y ajustes a la Ley de Aguas Nacionales; así como modificaciones constitucionales y legales para fortalecer la competencia federal en el combate al delito de extorsión. Estas decisiones no solo responden a problemáticas inmediatas, sino que reconfiguran la capacidad del Estado mexicano para regular y ejercer autoridad en sectores clave.
En ese mismo marco, se aprobó el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026, que incluye la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y ajustes fiscales relevantes, además de reformas vinculadas a la igualdad sustantiva y disposiciones en materia de movilidad y seguridad vial. Este conjunto normativo marca el punto de partida presupuestal y operativo con el que el gobierno enfrentará un año decisivo en términos de crecimiento, estabilidad financiera y atención a demandas sociales acumuladas.
El Senado, por su parte, dio salida a reformas constitucionales, nuevas leyes y ajustes a legislación secundaria. Destacan las disposiciones en materia de salud relacionadas con la prohibición de la venta y comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos, así como la aprobación de la Ley de Economía Circular. Asimismo, ratificó nombramientos estratégicos del Ejecutivo federal en áreas clave de la arquitectura institucional, decisiones que tendrán efectos directos en la regulación, la implementación de políticas públicas y la certidumbre jurídica en 2026.
No obstante, el cierre de 2025 también dejó pendientes legislativos de alta complejidad.
Entre ellos, la propuesta de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y reformas orientadas a fortalecer el sistema de patentes y su protección. Estos temas no son menores ni accesorios: definen condiciones de competitividad, productividad, derechos laborales e innovación, y su postergación traslada costos económicos y políticos al siguiente periodo legislativo.
Precisamente por ello, la discusión de estos pendientes resulta crucial. No se trata solo de reformas que quedaron en pausa por tiempos legislativos, sino de decisiones estructurales que exigirán consensos amplios, análisis técnico profundo y una implementación gradual para evitar efectos adversos. Su abordaje en 2026 será una prueba de la capacidad del Congreso para legislar con visión de largo plazo y responsabilidad institucional.
El balance del periodo ordinario no se explica únicamente por lo aprobado o lo pendiente, sino por las implicaciones acumuladas de esas decisiones. La calidad del trabajo legislativo se mide por la claridad de las normas, la coherencia del marco jurídico y la capacidad institucional para ejecutarlas, factores que determinarán si las reformas aprobadas en 2025 se traducen en resultados concretos o permanecen como buenas intenciones normativas.
Legislar no es un ejercicio meramente procedimental.
Implica asumir que cada decisión —y cada omisión— incide directamente en el bienestar de la ciudadanía y en la gobernabilidad del país. Lo que el Congreso dejó en 2025 condiciona la agenda de 2026 y define los márgenes de acción del Estado en los próximos años.
En un contexto de múltiples iniciativas y tiempos acotados, la jerarquización de la agenda legislativa será determinante. Temas como energía, seguridad, agua, competitividad y transición ambiental no admiten reformas fragmentadas ni apresuradas. Exigen diagnósticos sólidos, marcos regulatorios consistentes y una visión que trascienda ciclos políticos. Aprobar leyes es una parte del proceso; gobernar con ellas es el verdadero reto.
