Por Cynthia Ortíz Monroy
- Harfuch entendió el poder del 2030, Trump se quedó en el poder del XVII pero, sin la autoridad del 2026.
2026. Un año atravesado por guerras abiertas, desigualdades cada vez más crudas y una aceleración histórica que ha dejado obsoletas muchas de las categorías con las que solíamos explicar el mundo. Pero hay algo aún más profundo que no se está terminando de comprender: no solo han cambiado los conflictos, han cambiado las formas de poder. No dentro de los sistemas políticos tradicionales, sino más allá de ellos. En lo personal, en los vínculos, en la manera de habitar el espacio público, de ejercer autoridad, de construir legitimidad. En ese reordenamiento silencioso, la seguridad ha dejado de ser un tema sectorial para convertirse en un activo estratégico democrático.
Durante décadas, la seguridad fue tratada como un recurso electoral: promesa de campaña, narrativa del miedo, instrumento de control. Hoy ya no. La seguridad está mutando en algo estructural: un principio organizador del poder contemporáneo. No se limita a la seguridad pública ni a la seguridad nacional. Atraviesa la economía, la salud mental, la estabilidad política, la vida cotidiana, los afectos, el medio ambiente, las elecciones y, de forma cada vez más evidente, la percepción misma de futuro. No se está dimensionando lo que esto implica para la democracia ni para la forma en que se construye liderazgo político.
Las teorías clásicas del poder resultan insuficientes.
El poder que Maquiavelo describía: centralizado, instrumental, orientado al control; ya no explica lo que hoy genera autoridad real. Incluso Foucault, con su análisis del poder difuso y disciplinario, se queda corto si no se actualiza. La seguridad, entendida en su sentido más amplio, se ha convertido en la infraestructura invisible del poder. Quien logra ofrecerla, o encarnarla, accede a espacios de decisión. Quien no, queda expuesto como frágil, impostor, irrelevante o simplemente alguien de paso por lo político.
Pensar la política solo desde la seguridad pública es un error de diagnóstico. Hoy hablamos también de seguridad económica (la posibilidad real de sostener una vida), seguridad emocional (estabilidad psíquica frente al caos), seguridad política (certeza institucional), seguridad electoral (confianza en el voto), seguridad mental (frente a la saturación informativa), seguridad ambiental, seguridad familiar e incluso seguridad del propio poder. Negar esta complejidad es seguir entendiendo el poder de forma simple, superficial y profundamente egoísta: poder para alimentar el ego, no para sostener una comunidad.
Una persona incapaz de comprender el poder desde la seguridad y desde convicciones profundas es un riesgo para cualquier nación. No por autoritarismo explícito, sino por fragilidad estructural. Hay ejemplos claros en el escenario internacional: liderazgos que confunden fuerza con ruido, autoridad con amenaza, seguridad con miedo. No es casualidad que, en muchos casos, se trate de figuras masculinas que encarnan una idea arcaica del poder: dominación sin contención, decisión sin responsabilidad, exhibición sin sustancia. El problema ya no es solo quién gobierna, sino desde dónde gobierna.
Aquí aparece un giro central: la seguridad ya no es solo algo que se proyecta hacia afuera, sino algo que se construye desde el interior. Una persona sin seguridad interna, en su carácter, en su historia, en su identidad, en sus convicciones, no puede ofrecer seguridad externa de manera sostenida. Puede simularla, imponerla o sobreactuarla, pero no sostenerla. Y esto es distinto de la inteligencia emocional. Alguien puede ser hábil gestionando emociones y aun así carecer de seguridad profunda. La seguridad interior implica madurez, coherencia y una relación honesta con el propio poder.
El caso de Donald Trump es ilustrativo. Proyecta seguridad hacia el exterior: decisión, confrontación, dominio del discurso. Pero su inseguridad estructural se filtra constantemente en la necesidad de validación, en la polarización permanente, en la imposibilidad de construir estabilidad. Es una seguridad performativa, no estructural. Algo similar, aunque desde otra lógica ideológica, ocurre en Venezuela, con la reciente intervención de Estados Unidos. En ambos casos, la seguridad se vende como certeza, pero opera como humo: se exhibe, se proclama, se impone simbólicamente, sin traducirse en bienestar ni en certidumbre real. El resultado es devastador. Estados Unidos, aun siendo una potencia económica y militar, ha perdido algo más grave: ya no es percibido globalmente como un referente de estabilidad. Ese es, quizá, el mayor fracaso político de su historia reciente, no la pérdida de poder duro, sino la erosión de su autoridad simbólica.
En el terreno político-electoral, esta transformación tiene consecuencias directas. Ya no bastan los discursos sobre seguridad.
Ya no funcionan las promesas abstractas ni los eslogans. El acceso al poder empieza a depender de quién puede demostrar que sabe generar seguridad real. Y aquí emerge un riesgo: que ese vacío sea ocupado por proyectos autoritarios o de ultraderecha que prometen orden sin democracia. La seguridad como activo estratégico puede ser emancipadora o profundamente peligrosa, dependiendo de quién la administre y con qué principios.
En México, el caso de Omar García Harfuch es paradigmático. Sin una trayectoria política tradicional, sin una narrativa ideológica elaborada, ha acumulado respaldo político a partir de una carrera operativa. No es solo “el trabajo habla por mí”; es la seguridad convertida en capital político. No discursos, no promesas, sino resultados y conocimiento real del territorio. Pero conocer las calles no es recorrerlas en campaña ni simular cercanía. Es ser reconocido como parte del tejido comunitario por trabajo e incidencia constante. Ahí emerge otra forma de hacer política y de ejercer poder.
Lo que durante siglos fue poder (manipulación de masas, control simbólico, decisión vertical) hoy es precisamente donde muchos liderazgos se han quedado atrapados. Ya no se habla de liderazgo carismático, sino de visión comunitaria. Capacidad de sostener, de proteger, de generar certeza en medio del caos. La seguridad deja de ser un tema más y se convierte en un lenguaje. Quien no lo entienda quedará fuera del nuevo mapa del poder.
Hacia 2027 y, sobre todo, rumbo a la elección presidencial de 2030 en México, esta transformación será imposible de ignorar. La competencia política ya no se definirá por ideologías puras ni por narrativas épicas, sino por una pregunta brutalmente concreta: ¿quién puede ofrecer seguridad real en un país exhausto de incertidumbre? Seguridad entendida como estabilidad económica, continuidad institucional, certeza democrática y protección cotidiana. Las candidaturas que no encarnen esa seguridad, desde su historia, su carácter y su relación con la comunidad, no serán viables. No perderán por falta de discurso, sino por falta de credibilidad estructural. En 2027 veremos el primer filtro real. Para 2030, el poder político en México se disputará entre quienes comprendan que gobernar ya no es mandar, sino contener el caos sin autoritarismo. El riesgo es evidente: si las fuerzas democráticas no logran ofrecer seguridad real, el vacío será ocupado por proyectos que prometan orden a cualquier costo. La seguridad no garantiza democracia, pero sin ella la democracia es inviable.
A nivel internacional, el reacomodo es igual de profundo. Estados Unidos enfrentará el desafío más complejo de su historia contemporánea: reconstruir su credibilidad como garante de estabilidad. El resultado electoral marcará no solo su política interna, sino el futuro del TMEC. México y Canadá ya no negocian con una potencia incuestionable, sino con un socio cuya principal debilidad es la inseguridad interna (política, social, simbólica, pero especialmente personal, lo cual le quita toda la autoridad propia de una nación considerada como potencia) que se filtra hacia afuera. El TMEC dejará de ser solo un tratado comercial para convertirse en un acuerdo de seguridad regional ampliada, donde importará tanto la estabilidad política como las cadenas de suministro. Israel representa el extremo más visible de esta nueva era: un Estado con supremacía militar indiscutible, pero con una crisis profunda de seguridad interna (social, política y ética), cuya legitimidad es inexistente por el genocidio en contra del pueblo palestino. La lección es incómoda pero clara: la fuerza sin cohesión no garantiza futuro.
El mundo que viene no premiará a quien grite más fuerte ni a quien concentre más poder, sino a quien sea capaz de generar seguridad sin destruir la democracia. La política del siglo XXI ya no se define por quién controla, sino por quién sostiene.
Y quienes no entiendan esto seguirán hablando de poder maquiavélico, mientras el mundo ya opera bajo otras reglas.
