Por Ericka Cerdas
La inteligencia artificial ya está entrando en la gestión pública. Se usa para analizar datos, asignar recursos, detectar irregularidades y apoyar decisiones administrativas. El debate ya no es si debe utilizarse, sino en qué condiciones.
El Estado moderno, como lo explicó Max Weber, se sostiene en reglas claras, responsabilidad y burocracia profesional. Cada decisión pública debe poder justificarse. Cuando se incorporan sistemas algorítmicos en procesos estatales, surge una pregunta central: ¿quién responde por las decisiones que toma o recomienda un algoritmo?
La eficiencia no puede ser el único criterio. En el sector privado, un error tecnológico puede afectar utilidades. En el sector público, puede afectar derechos. Esa diferencia es sustancial. Por eso, la incorporación de inteligencia artificial en gobiernos exige más rigor que entusiasmo.
Desde la teoría de la gobernanza, sabemos que el Estado actual funciona en redes donde participan empresas tecnológicas, consultores y proveedores especializados. En materia de inteligencia artificial, esta dependencia es todavía mayor. Muchos gobiernos compran sistemas que no diseñaron y que no comprenden completamente. Eso genera una asimetría técnica que puede debilitar la capacidad de supervisión pública.
Otro punto clave es el sesgo algorítmico. Los sistemas aprenden de datos históricos. Si esos datos reflejan desigualdades sociales, el resultado puede reproducirlas. Esto no es una hipótesis. Ya ha ocurrido en sistemas de evaluación de riesgo, contratación laboral y vigilancia predictiva en distintos países. El problema no es la mala intención, sino la falta de revisión crítica.
En América Latina, el desafío es estructural. Muchos Estados todavía enfrentan debilidades en calidad de datos, interoperabilidad institucional y protección de información personal. Sin bases sólidas, la adopción acelerada de inteligencia artificial puede aumentar la opacidad en lugar de reducirla.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha planteado principios para el uso responsable de inteligencia artificial en el sector público. Transparencia, trazabilidad, supervisión humana y responsabilidad institucional no son conceptos técnicos, son condiciones mínimas para preservar legitimidad democrática.
Aquí entra un elemento político que no puede ignorarse. La confianza en el Estado depende de la claridad en los procesos. Si un ciudadano recibe una decisión negativa sin entender cómo se tomó, la percepción de arbitrariedad aumenta. La tecnología no puede convertirse en una caja negra que sustituya la rendición de cuentas.
No se trata de rechazar la innovación. La inteligencia artificial puede mejorar la gestión tributaria, optimizar sistemas de salud, anticipar riesgos ambientales y hacer más eficiente la administración pública. El punto es que la modernización tecnológica debe ir acompañada de fortalecimiento institucional.
México, como otros países de la región, enfrenta una decisión estratégica. Puede incorporar inteligencia artificial como herramienta dentro de una política pública clara, con regulación, formación de funcionarios y mecanismos de auditoría. O puede adoptar soluciones fragmentadas impulsadas por la presión política o la competencia internacional.
El riesgo de improvisar no es menor. Cuando la tecnología avanza más rápido que la regulación, se amplían los espacios grises. Sin reglas claras, la eficiencia puede imponerse sobre la protección de derechos.
El Estado no necesita parecer moderno. Necesita ser capaz. La inteligencia artificial no reemplaza la responsabilidad política ni la función pública profesional. Puede apoyar decisiones, pero no debe sustituir la rendición de cuentas.
La discusión de fondo es institucional. ¿Estamos construyendo capacidad estatal para gobernar la tecnología o simplemente la estamos incorporando porque es tendencia? En esa diferencia se define si la inteligencia artificial será un instrumento de fortalecimiento democrático o un factor de vulnerabilidad institucional.
La tecnología avanza. La pregunta es si nuestras instituciones avanzan al mismo ritmo.
