23 Diciembre de 2025.- En un giro inesperado que alegró no solo al gamer de clóset, sino también a quienes ven con escepticismo las trabas fiscales sin sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que no se aplicará el impuesto del 8 % a los videojuegos con contenido violento previsto para el 2026. La propuesta, que formaba parte del Paquete Económico 2026, fue eliminada luego de que la propia mandataria reconociera las dificultades técnicas y conceptuales para clasificar qué títulos podrían considerarse “violentos” y cuáles no.
Sheinbaum explicó en su conferencia mañanera del 23 de diciembre de 2025 que, aunque inicialmente había solicitado que se quitara ese gravamen de la ley, al final sí se incluyó en la Ley de Ingresos. Sin embargo, tras evaluar la problemática, su gobierno decidió dar marcha atrás y no cobrar el impuesto para 2026. “Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no”, señaló la presidenta, evidenciando la complejidad de aplicar un criterio impositivo basado en contenido cultural.
Este impuesto —que pretendía agregar hasta un 8 % al precio de ciertos videojuegos catalogados como violentos— generó debates no solo en comunidades de jugadores, sino también entre economistas y defensores de derechos digitales, quienes alertaron sobre la subjetividad de definir violencia, la posible afectación a consumidores y al mercado de entretenimiento digital en México.
En lugar de imponer un gravamen que podría encarecer títulos populares, el gobierno federal orientará esfuerzos hacia campañas de concientización y prevención, especialmente dirigidas a jóvenes y adolescentes, como parte de una estrategia más amplia de “construcción de la paz y contra las adicciones”. Esta táctica busca atender las problemáticas de violencia desde una perspectiva educativa y social, más que recaudatoria o punitiva.
Sheinbaum argumentó que, más allá de un impuesto, se necesita entender y acompañar el consumo de contenidos digitales de forma crítica, sin criminalizar ni castigar a quienes disfrutan de esta forma de entretenimiento cultural. Este enfoque implica campañas públicas que promuevan el uso responsable de videojuegos y reflexiones sobre su impacto, sin recurrir a medidas fiscales que puedan generar arbitrariedad o confusión.
El anuncio no solo representa una victoria momentánea para la comunidad gamer en México, sino también un giro en la política fiscal del gobierno ante propuestas que mezclan regulación, cultura popular y recaudación. En un país donde el debate sobre la violencia, la prevención y la educación sigue siendo central, esta decisión coloca la prevención social por encima de la fiscalización punitiva
La cancelación del impuesto abre además la puerta a un diálogo más amplio sobre cómo el Estado equilibra el fomento cultural, la protección juvenil y la recaudación fiscal, sin caer en métodos que terminen siendo arbitrarios o injustos para amplios sectores de la población.
