Colombia.- El Gobierno de Gustavo Petro ha redoblado la apuesta de la paz para su último año legislativo. Ha presentado, como una de sus prioridades, un proyecto de ley para reglamentar el sometimiento a la justicia de los grupos criminales. Es un paso indispensable para el presidente, ya que habilitaría la rebaja de penas a cambio de que las organizaciones entreguen armas, aporten información sobre sus delitos y repararen a las víctimas. El desafío es mayúsculo: una iniciativa similar ya se hundió en 2023, faltan seis meses para que el país entre en modo campaña por las elecciones legislativas, y los procesos de paz naufragan por todos lados. Las primeras reacciones, además, son poco alentadoras. La Corte Suprema de Justicia ha cuestionado la falta de deliberación en la preparación del proyecto. El expresidente Juan Manuel Santos, que negoció la paz con las FARC en 2016, ha pedido al Congreso que lo hunda.
Un marco jurídico para el sometimiento a la justicia es un tema pendiente desde finales de 2022, cuando el Congreso aprobó la ley de paz total del presidente Petro. Entonces, el Legislativo estableció que otra norma debía reglamentar los diálogos con grupos armados sin estatus político, como Clan del Golfo. Son procesos diferenciados a las tradicionales negociaciones de paz con las guerrillas: no incluyen una agenda política, social o militar. El Gobierno presentó un proyecto que naufragó a mediados de 2023 ante el rechazo de la oposición a conceder beneficios judiciales a grupos criminales. Desde entonces, poco se avanzó. Los diálogos de sometimiento quedaron paralizados, con obstáculos de la Fiscalíapara levantar órdenes de captura y con constantes quejas de los grupos criminales por la falta de incentivos para participar de los procesos.
Los ministros de Justicia y de Interior, Eduardo Montealegre y Armando Benedetti, radicaron el nuevo proyecto el pasado domingo. El primero de ellos lo defendió en unas breves declaraciones. “Equivocadamente se ha dicho que es un proyecto de ley para favorecer la impunidad. Se equivocan: tiene un mínimo de retribución, de una pena privativa de la libertad”, comentó. Aseguró que se protegerían los derechos de las víctimas y lo definió como “una apuesta por una lucha vehemente contra el narcotráfico”. “Los colombianos deben tener la certeza de que es un proyecto para ganar seguridad”, dijo ante las dudas por beneficios considerables para los criminales.
Uno de los mayores puntos del proyecto es que extiende la justicia transicional a organizaciones netamente criminales, como el Clan del Golfo, con penas que oscilan entre cinco y ocho años para los máximos responsables y entre los dos y cinco para los demás. En una rueda de prensa, el ministro Montealegre justificó que “no se requiere tener la categoría de delincuente político” para acceder a estos beneficios y aseguró que el Derecho Internacional Humanitario cobija su interpretación. “Estamos frente a estructuras organizadas que tienen unidad de mando, que tienen voz, que tienen cierto modus operandi, que tienen estructuras muy fuertes, con presencia y poder de intimidación en ciertas partes del territorio nacional”, argumentó.
El proyecto propone otras dos categorías por fuera de la justicia transicional. Una de ellas es para bandas criminales más pequeñas que hacen parte de los procesos de paz urbana —por ejemplo, Los Shottas y Los Espartanos en Buenaventura—, y contempla penas de prisión que oscilan entre el 40% y el 60% de la condena original. La otra es “la protesta social”, en referencia a jóvenes que fueron judicializados por sus actividades durante el estallido social de 2019 y el Paro Nacional de 2021. El proyecto establece rebajas de penas de hasta el 70%, así ya haya una condena, y la libertad condicional tras dos años de prisión efectiva. Es el punto más novedoso —no estaba en la versión del primer año legislativo— y promete polémica ante el rechazo de gran parte de la oposición a conceder beneficios a jóvenes que en algunos casos tienen acusaciones de torturas y asesinatos.
