07 Abril 2026.- Ante la grave emergencia sanitaria que ha conmocionado al estado de Sonora, el diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó ante la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a reforzar de manera inmediata la vigilancia, regulación y fiscalización de establecimientos que ofrecen tratamientos de hidratación y vitaminación intravenosa.
La propuesta surge tras los trágicos hechos ocurridos en Hermosillo, donde se ha confirmado oficialmente el fallecimiento de seis personas y un total de nueve ciudadanos afectados tras recibir supuestos “sueros vitaminados” en un establecimiento privado.
El legislador advirtió que esta situación representa una “señal de alerta nacional” que evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de supervisión y erradicar prácticas de negligencia que ponen precio a la vida de la población.
“Hoy operan establecimientos bajo falsas promesas de salud, sin que los pacientes tengan certeza sobre las sustancias que se les inyectan ni sobre las certificaciones del personal que los atiende”, señaló Zamora Gastélum, destacando que las víctimas presentaron colapsos sistémicos devastadores casi de forma inmediata a la aplicación.
El exhorto plantea cinco ejes fundamentales de acción:
- Reforzar las acciones de verificación sanitaria en clínicas y consultorios para clausurar de inmediato todo establecimiento irregular.
- Auditar permisos y certificaciones para asegurar que los procedimientos sean realizados por personal médico calificado.
- Investigar y sancionar el uso de sustancias no autorizadas o contaminadas que han provocado decesos.
- Transparentar la información sobre las causas técnicas y sustancias químicas detectadas en los casos de Sonora.
- Analizar la viabilidad de un Registro Nacional Obligatorio de tratamientos intravenosos que garantice la trazabilidad y seguridad de los insumos.
Asimismo, el diputado Mario Zamora subrayó que el derecho constitucional a la protección de la salud obliga al Estado a garantizar que todo servicio médico se brinde bajo los más altos estándares de seguridad y ética profesional.
“La transparencia informativa es la herramienta más poderosa para que la ciudadanía identifique riesgos y para que las familias afectadas obtengan la justicia que merecen ante una pérdida tan devastadora”, concluyó.
