Por Adrián Espinosa de los Monteros .
El terrorismo es un concepto complejo, pues no existe un consenso general sobre su definición o definiciones y estas tampoco son universales. Sin embargo, se podría definir como una acción encaminada al uso sistemático del terror por organizaciones políticas de toda clase de ideologías, por grupos religiosos o nacionalistas que no pertenecen al Estado, lo que lo diferenciaría del terrorismo de Estado.
Dado este pequeño contexto, es importante señalar que este término ha sido mayormente usado por el Gobierno de Estados Unidos para justificar sus intervenciones en Medio Oriente, donde han extraído recursos naturales para su propio beneficio. Así ha sido desde Bush hijo hasta nuestros días.
El uso ideológico del término “terrorismo” por parte del Gobierno de Estados Unidos pone de manifiesto una estrategia que mezcla objetivos de seguridad legítimos con intereses hegemónicos. Esta instrumentalización ha generado desconfianza global y ha reforzado la percepción de un doble estándar moral en la política exterior estadounidense. Es crucial que las políticas contra el terrorismo se basen en principios éticos y legales sólidos, y no en agendas unilaterales que perpetúan la inestabilidad y el resentimiento.
Es por estas razones que quien escribe considera que utilizar este término para describir asuntos locales-nacionales no solo es equivocado sino que legitima la narrativa estadounidense en donde, por cierto, México es culpable de la crisis de salud de su población (ignorando la terrible y evidente corresponsabilidad de las farmaceúticas) pues éstas desempeñan un papel central en la crisis de los opioides en Estados Unidos al promover agresivamente el uso de estos medicamentos, minimizando sus riesgos de adicción.
Empresas como Purdue Pharma comercializaron opioides como la oxicodona, asegurando falsamente que eran seguros para tratar el dolor crónico y enganchando a cientos de miles de estadounidenses. A través de estrategias de marketing masivas y el incentivo a médicos para prescribir estos fármacos, lograron un aumento exponencial en su consumo. Además, fallaron en monitorear adecuadamente la distribución, permitiendo que grandes cantidades de opioides inundaran comunidades vulnerables. Esta negligencia, combinada con una débil regulación gubernamental, resultó en una epidemia que ha causado cientos de miles de muertes por sobredosis y devastado comunidades enteras.
A pesar de la prominencia del terrorismo en el discurso político y mediático global, las cifras de muertes atribuidas a este fenómeno son significativamente menores en comparación con otras causas de mortalidad.
Según datos recientes, las muertes por terrorismo a nivel mundial suelen oscilar entre 10,000 y 20,000 por año, mientras que enfermedades como la diabetes y el cáncer causan millones de fallecimientos anualmente. Es decir, el concepto de terrorismo, cuando se usa de manera ideológica, es una especie de teatralidad y esta aproximación cuantitativa lo confirma.
Por ejemplo, el cáncer se cobra más de 9 millones de vidas al año, y la diabetes cerca de 1.5 millones. Asimismo, los accidentes automovilísticos son responsables de aproximadamente 1.3 millones de muertes cada año.
Estas cifras demuestran una discrepancia notable en términos de impacto mortal, pero mientras las enfermedades crónicas y los accidentes reciben atención desde una perspectiva de salud pública, el terrorismo se usa frecuentemente para justificar políticas de control y militarización, generando un desequilibrio en la percepción del riesgo real y las prioridades de acción global.
Es indudable la connotación ideológica de este término, pues se suele escuchar en los pronunciamientos de los más altos rangos políticos estadounidenses, incluyendo presidentes y congresistas. La más reciente iniciativa y posicionamiento sobre la opinión pública de designar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas es otro ejemplo claro de la política intervencionista del país vecino para desestabilizar el nuestro y de pasada violar nuestra soberanía, acompañado de las desafortunadas declaraciones del embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien apoyó esta iniciativa.
