Por Adrián Espinosa de Los Monteros
Una de las principales deudas sociales en el ramo de las telecomunicaciones es la ampliación de la cobertura de banda ancha en zonas históricamente marginadas a donde el Estado no ha podido llegar. En este sentido hay divergencias en cuanto a quién debe administrar, operar y regular este servicio, sea desde asociaciones público-privadas o con el Estado con un rol activo para modernizar la infraestructura existente.
Por eso resulta fundamental remarcar que en Latinoamérica el giro a la izquierda en el año 2000 logró revertir la tendencia que se venía gestando desde los años 80 en donde el mercado marcaba la pauta para liderar este sector. Es decir, en aquellos años se marcó la pauta para las reformas orientadas al mercado con el gobierno como actor secundario en el desarrollo tecnológico.
Ante estas circunstancias, México y diversos países de la región siguieron la tendencia de privatizar y liberalizar la economía, aunque esta decisión tomó diferentes formas en cuanto al grado de competencia, de regulación y de propiedad. Por ejemplo, en Argentina se avanzó hacia un modelo de duopolio y en Chile se impulsó la competencia; mientras que Brasil retrasó la privatización de sus empresas de telecomunicaciones (Mariscal Avilés, 2022)
En nuestro país, por ejemplo, con la reforma en telecomunicaciones del 2014 se incorporaron tecnologías incrustadas en la red inalámbrica porque la idea era abrir la economía a los inversores extranjeros, como sucedió. También aumentó la inversión y se establecieron precios competitivos. Aún así, la gran promesa de la reforma de universalizar la red no se cumplió cabalmente porque la persistencia del acceso desigual no fue realmente subsanada y la concentración de mercado también incrementó.
Incluso, según Mariscal Avilés (2022), el gran inconveniente de la reforma del ex presidente Peña Nieto radicó en que la oferta sobrepasó a la demanda. En otras palabras, el proyecto resultó en una red redundante ya que su servició se estableció en zonas que ya estaban cubiertas, lo que significa que la cobertura obligatoria bajó de 98 % a 82 % y en consecuencia no se logró reducir la brecha digital. Por eso, este sigue siendo un reto pendiente.
En ese año se estableció un modelo de asociación público-privada donde la empresa Altán Redes que ofrece servicios mayoristas ganó un concurso de licitación pública y por otro lado, contaba con agentes económicos de Estados Unidos, China y España, entre otros países. Así, el objetivo fue reducir el déficit en cuanto a infraestructura y atender a la población históricamente rezagada con el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano regulador.
Sin embargo, el paradigma cambió con los gobiernos progresistas de principios de siglo que proponían al ente estatal como el encargado de liderar el desarrollo telecomunicativo, la internet y los servicios públicos, alejándose de la inercia de la privatización en boga durante décadas. El rol del Estado cambió de ser un simple operador a tener un papel activo.
A pesar del desfase ideológico entre el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto y el sucesor de López Obrador, el plan de expansión de cobertura liderado por la Red Compartida de Altán tuvo continuidad (aunque ahora cuenta con participación mayoritaria del Estado, a diferencia de entonces) con el objetivo de seguir ampliando la cobertura social. Aunado a esto, a decir de Mariscal Avilés (2022) el IFT le otorgó un año más, de 2021 a 2022, para alcanzar el 70 % de cobertura.
Ahora bien, la iniciativa de Reforma en Telecomunicaciones propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum, tan denostada por sectores de la oposición partidista y no partidista, seguirá la tendencia de intentar frenar la desigualdad en el acceso a las tecnologías de la información, sobre todo en las zonas más remotas. Entre los principales objetivos de la iniciativa se encuentran:
- Conectar a 15 millones de mexicanos
- Fortalecer la soberanía digital frente a la injerencia extranjera a manera de propaganda
- Desaparece el IFT, se transfirieron sus facultades a la Agencia de Transformación Digital
- Participación del Estado como competidor
- Geolocalización de móviles en tiempo real para atacar fraudes y robos
- Creación de un padrón telefónico
Ante las declaraciones de bloques opositores sobre una posible deriva autoritaria censora por el bloqueo de plataformas digitales que no se apeguen a la ley, la presidenta Sheinbaum ha señalado que se va a revisar ese artículo para ser modificado o eliminado, ya que lo último que se busca con la iniciativa es la censura, aclaró.
Más allá de diferencias ideológicas en cuanto a cómo debe de operar este sector, el país enfrenta un reto histórico para emparejar la cancha de las telecomunicaciones en beneficio de aquellos que han quedado en el camino del goce de sus derechos digitales, recordando que el interés general siempre debe primar sobre los particulares y considerando que el espectro radioeléctrico es un bien público con concesiones de uso comercial, privado, público y social, pero que estas pueden estar sujetas a ser revocadas por el titular en caso de violar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusion (2025).
En tanto, la discusión por la supuesta vulneración de la privacidad y la imposición de una censura discrecional debería ampliar la conversación no solamente en lo que atañe a esta ley, sino más bien en los mecanismos que el capitalismo de la vigilancia impone sobre los usuarios, en detrimento de la convivencia democrática, la libertad de expresión no algorítmica y el comportamiento humano sin fines de lucro.
Referencias bibliográficas:
Mariscal Avilés, J. (2022). El nuevo rol del Estado en el sector de las telecomunicaciones: el caso de la Red Compartida en México. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 67(244), 103-136. Epub 17 de abril de 2023.https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2022.244.71254
