Por Alfredo Inzunza.
El pasado 4 de abril de 2024, los diputados de la bancada de morena Ignacio Mier y Angélica Cisneros presentaron una iniciativa de reforma al sistema de pensiones en México, dicha iniciativa modifica la ley del IMSS, ley del ISSSTE, ley del Infonavit, ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, ley de Presupuesto, entre otras, si se llega a aprobar esta iniciativa representaría un retroceso en la administración de las pensiones, al igual que es un riesgo para las finanzas públicas y un riesgo para los recursos monetarios de los trabajadores.
Si el gobierno participará en la administración de las pensiones podría representar un riesgo para las finanzas públicas, debido a que el gasto público en pensiones representa alrededor del 22% del gasto total (1.99 billones) y la participación del estado reduciría aún más la capacidad del gobierno para realizar gasto en otros rubros como pudieran ser salud, educación e inversión en infraestructura.
Hay que recordar que el control de sistema de pensiones mexicano en 1997 pasó a manos de las afores (Administradoras de Fondos para el Retiro), de acuerdo con datos de la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro), al cierre del primer semestre de 2023 las afores administraban 5 billones 550,945 millones de pesos, alrededor del 19% del PIB, según la SHCP los recursos manejados por las afores para 2030 representarán entre el 35%-40% del PIB.
La iniciativa tiene como objetivos la reducción de la pobreza en la vejez, el fortalecimiento de la economía de los adultos mayores generando un flujo de ingresos adicional y la promoción de la igualdad entre los adultos mayores.
La iniciativa de reforma propone modificar leyes secundarias de la siguiente manera:
- La creación del “Fondo de Pensiones para el Bienestar”, fideicomiso público que será administrado conjuntamente por Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- La modificación de las leyes del IMSS, ISSSTE e Infonavit, dichas modificaciones a las leyes plantea que cuando los trabajadores que cotizan ante el IMSS y el ISSSTE cumplan 70 y 75 años respectivamente, los saldos que permanezcan en las cuentas de ahorro para el retiro de dichos trabajadores, serán enviados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, todo esto sin la necesidad de una resolución judicial.
En el documento se menciona que la administración de los recursos se realice de una manera más eficiente, más transparente y con menor costo para el derechohabiente,sin embargo en la iniciativa aún no se detalla en donde se van a invertir los recursos que se transfieran al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Además el documento estipula que el Fondo de Pensiones contará con un “Comité Técnico” que emitirá las reglas sobre la recepción, inversión, administración, reservas, rendimientos y reinversión de recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social, los recursos no podrán utilizarse para contribuir al equilibrio presupuestario, esto quiere decir que no formarán parte de los ingresos públicos, pero aún así sería un riesgo el que el estado participe en la administración de las pensiones, puesto que el gobierno podría estar tentado a utilizar el dinero de los trabajadores en proyectos del gobierno, los cuales buscan principalmente un rendimiento social antes que un rendimiento financiero, dicho en otras palabras el dinero podría utilizarse en proyectos que en algunos casos implicaría pérdidas para los trabajadores.
Lo anterior representa un riesgo para los recursos de los trabajadores y presenta la posibilidad de caer en un esquema Ponzi, el cual no es sostenible, este esquema de pirámide implica pagar pensiones con los recursos recién llegados, en lugar de pagar con lo ahorrado por cada trabajador, este esquema no es sostenible bajo ninguna circunstancia, más aún con una población que va envejeciendo,
De acuerdo con la iniciativa, los trabajadores o sus beneficiarios podrán reclamar la devolución de los recursos a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, pero no se mencionan los mecanismos para hacerlo.
En conclusión la iniciativa representa un retroceso en el manejo de las pensiones, riesgo para los trabajadores y un riesgo para las finanzas públicas de México.
