Por Armando González Romero
En un país donde la democracia ha sido durante décadas costosa, opaca y distante de la ciudadanía, la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum abre una discusión de fondo: ¿para quién debe funcionar el sistema político? Más allá de las críticas, lo que está sobre la mesa es un intento por corregir excesos históricos, cerrar espacios de simulación y adaptar las reglas a los desafíos actuales.
Uno de los ejes centrales es el recorte al financiamiento público de los partidos políticos. México ha sostenido uno de los sistemas electorales más caros del mundo, donde los partidos reciben miles de millones de pesos sin necesariamente representar mejor a la ciudadanía.
Este modelo ha fomentado estructuras burocráticas alejadas de la gente. Reducir estos recursos no debilita la democracia; la obliga a reconectarse con la sociedad, a convencer y a construir legitimidad más allá del dinero público. En la misma lógica, la reforma cuestiona a los plurinominales, una figura que en la práctica ha sido controlada por las cúpulas partidistas. Son legisladores que no hacen campaña, no pisan el territorio y rara vez rinden cuentas a los ciudadanos. Más que garantizar representación, han servido como cuotas internas de poder.
Su replanteamiento busca recuperar el sentido básico de la política: que quien legislatenga un vínculo real con quienes representa. Otro punto clave es la regulación del uso de inteligencia artificial y bots en campañas. La falta de reglas en el mundo ha permitido manipulación digital, desinformación masiva y distorsión del debate público.
La política ya no solo se disputa en territorio, sin o también en algoritmos. Si México establece límites claros, puede colocarse a la vanguardia democrática. Regular no es censurar, es garantizar condiciones equitativas y proteger la autenticidad de la conversación pública.
A esto se suma el fortalecimiento de la fiscalización de campañas, indispensable para combatir el financiamiento ilegal. Durante años, el dinero opaco ha afectado la equidad electoral. Reglas más estrictas no solo aumentan la transparencia, sino que fortalecen la confianza ciudadana en las instituciones.
La reforma también plantea la eliminación de la reelección consecutiva, aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto y criticada posteriormente por Andrés Manuel López Obrador como una herencia del modelo neoliberal.
Aunque se presentó como una forma de profesionalizar la política, en muchos casos generó incentivos para mantenerse en el poder utilizando recursos públicos. Su eliminación busca evitar la consolidación de grupos enquistados y promover la renovación política.
Más allá de lo institucional, hay un punto clave: el ahorro económico. Reducir financiamiento a partidos, compactar estructuras y eliminar excesos puede liberar miles de millones de pesos. En un país con profundas desigualdades, esos recursos pueden destinarse a educación, salud, tecnología o deporte. La discusión es clara: menos privilegios para la política, más inversión en la gente.
Ninguna reforma es perfecta, pero defender el sistema actual implica ignorar sus fallas.
La democracia no se fortalece manteniendo privilegios, sino corrigiéndolos. Esta reforma, con sus aciertos y debates, apunta en esa dirección: hacer la política más austera, más directa y más cercana a la ciudadanía. Si logra ese objetivo, no solo reducirá costos, sino que puede recuperar algo más importante: la confianza de la gente.
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