Por Brandon Ante
La libertad de expresión es un derecho humano fundamental, protegido tanto por la Constitución Mexicana como por tratados internacionales de los que México es parte. Este derecho garantiza a todas las personas la posibilidad de buscar, recibir y difundir información e ideas, sin censura y por cualquier medio, incluyendo las nuevas tecnologías.
La Constitución Mexicana prohíbe expresamente la censura y cualquier restricción indirecta, como el abuso de controles oficiales o privados sobre los medios de comunicación. Además, la libertad de expresión es considerada esencial para la democracia, el pluralismo y la defensa de los derechos humanos, incluyendo la denuncia social y la crítica a las autoridades.
En días pasados, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la unión una iniciativa de reforma a la ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El objetivo declarado de la reforma es impedir que gobiernos extranjeros transmitan propaganda política o ideológica en México, y reorganizar las atribuciones de los organismos autónomos, transfiriendo funciones a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Sin embargo, la iniciativa generó polémica y reacciones diversas en la sociedad por el artículo 109 de dicha ley en donde se menciona que otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la facultad de bloquear temporalmente plataformas digitales a solicitud de las autoridades competentes, en caso de que incumplan disposiciones legales.
En ese tenor, la redacción en un primer momento sobre cuándo y cómo se aplicaría dicha medida fue objeto de duros señalamientos hasta llegar a la consideración de riesgo para la libertad de expresión en internet, ya que podría permitir restricciones “excesivas” o “arbitrarias” sin orden judicial.
Ante la controversia, la Jefa del Ejecutivo Federal negó que la reforma busque censurar o limitar el derecho a la libre expresión y en su momento propuso modificar o eliminar el polémico artículo. La Presidenta, en innumerables ocasiones ha reiterado el compromiso de su administración con la defensa de la libertad de expresión, subrayando que el objetivo de la ley es únicamente regular la propaganda extranjera y no restringir el debate público ni la crítica en plataformas digitales. En síntesis, la libertad de expresión en México es un derecho protegido y esencial para la democracia, pero la reciente reforma propuesta ha generado inquietudes legítimas sobre posibles riesgos de censura. El debate sigue abierto hasta estos días, pero es importante mencionar que siempre existen los bien llamados “no negociables”, y esta vez, la mencionada ley o algunos de sus artículos pueden ser parte de ellos. Se espera que tras un exhaustivo análisis la redacción final de la Ley respete plenamente los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos
