Por: Brandon Alejandro Ante Vargas
Los gobiernos municipales y estatales ocupan una posición privilegiada para incidir en la paz y la seguridad, principalmente por su cercanía y comunicación directa con las y los ciudadanos. Esta proximidad les permite identificar con mayor claridad las necesidades y problemáticas específicas de sus comunidades, facilitando la detección temprana de riesgos y la implementación de acciones preventivas ajustadas al contexto local. Además, la confianza que la ciudadanía deposita en el municipio o en el estado otorga legitimidad a sus acciones y favorece la participación comunitaria, aspecto clave para la coproducción de la seguridad y la prevención de la violencia.
La descentralización de competencias y recursos ha fortalecido el papel de los gobiernos locales, permitiéndoles asumir mayores responsabilidades en la prevención y atención de la violencia y el delito. Experiencias exitosas alrededor del mundo muestran que los modelos de prevención local, basados en la coordinación multisectorial y la participación ciudadana logran mejores resultados en la disminución de la criminalidad y la mejora de la gobernabilidad.
A pesar de estas oportunidades, los gobiernos municipales y estatales enfrentan desafíos significativos, por un lado, las limitaciones de recursos y capacidades, muchos municipios carecen de fuerzas policiales propias, recursos humanos, técnicos y económicos suficientes, lo que limita su capacidad de acción y respuesta ante situaciones de inseguridad. La falta de continuidad en la profesionalización y evaluación de las policías municipales, así como la sobreposición de intereses políticos sobre los técnicos, debilita la institucionalidad y la eficacia de las políticas de seguridad.
Del mismo modo, la coordinación intergubernamental, la seguridad pública requiere una estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno, sin embargo, la fragmentación de competencias y la falta de mecanismos efectivos de colaboración pueden obstaculizar la respuesta integral a los problemas de seguridad. El Sistema Nacional de Seguridad Pública busca articular estos esfuerzos, pero persisten retos en la distribución de responsabilidades y recursos, así como en la transparencia y rendición de cuentas.
También, la participación y legitimidad, la falta de continuidad en los proyectos de seguridad y la escasa participación ciudadana pueden anular la legitimidad de las acciones gubernamentales. La coproducción de la seguridad exige la construcción de confianza y la articulación de voluntades entre autoridades y sociedad civil, lo cual no siempre se logra de manera sostenida.
Para enfrentar estos desafíos y potenciar las oportunidades, los gobiernos municipales y estatales deberían de considerar el impulsar la profesionalización y la evaluación real y continua de las policías, garantizando así la permanencia de modelos exitosos sin importar los ciclos políticos; fortalecer la coordinación interinstitucional a través de mesas de seguridad y construcción de paz, donde se tracen rutas conjuntas y se compartan responsabilidades y recursos; promover la participación ciudadana en la identificación de problemas y el diseño de soluciones, integrando a organizaciones sociales, empresariales y actores locales en la coproducción de la paz y la seguridad; priorizar la prevención y la atención integral de las causas estructurales de la violencia, y finalmente garantizar la transparencia en el ejercicio de recursos y la rendición de cuentas, para fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad de las políticas públicas, en este caso en materia de paz y seguridad.
Así pues, la experiencia muestra que solo la suma de voluntades entre los distintos niveles de gobierno, la sociedad civil y los sectores productivos puede generar entornos más seguros y pacíficos. La clave está en la articulación de esfuerzos, la innovación en la gestión pública y la construcción de confianza social como fundamento para la paz sostenible.
