Por Elizabeth Zazueta
Hace unos días, Gerardo Fernández Noroña volvió a demostrar que, cuando pierde relevancia política, recurre a su viejo vicio: atacar mujeres. Su reciente agresión verbal contra Grecia Quiroz, viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo y hoy alcaldesa de Uruapan, exhibe no solo su conocida misoginia, sino la necesidad desesperada del oficialismo de deslegitimar a cualquier mujer que, con firmeza y dignidad, cuestione al poder.
Noroña no se limitó a señalar sus diferencias políticas: la llamó “fascista”, la acusó de buscar la gubernatura de Michoacán y se atrevió a insinuar que su duelo es un instrumento electoral. Usar el dolor de una mujer para golpearla políticamente no es crítica, es violencia.
Lo más alarmante es que este no es un caso aislado ni una explosión emocional. Es, de hecho, parte de un patrón. Noroña ha dirigido sus insultos y descalificaciones una y otra vez contra mujeres: senadoras, periodistas, funcionarias, activistas. Elige a mujeres para provocar polémica porque sabe que el sistema político mexicano sigue normalizando la violencia simbólica hacia nosotras; sabe que, incluso cuando cruza la línea, habrá quienes lo justifiquen, quienes aplaudan su “estilo directo”, quienes lo defiendan con la excusa de la libertad de expresión.
Y la pregunta es inevitable: ¿por qué el partido en el poder tolera, permite y hasta premia este comportamiento? ¿Por qué se le permite ocupar una curul mientras mantiene un discurso que reproduce los mismos patrones de violencia que decimos combatir?, si realmente hubiéramos llegado todas, si la política tuviera un compromiso real con erradicar la violencia contra las mujeres, estas conductas no serían recurrentes al seno del Senado.
Sus ataques contra Grecia Quiroz, sin embargo, tienen un trasfondo político evidente. Al acusarla de “ambicionar” la gubernatura de Michoacán, intenta desacreditar toda crítica que pueda surgir desde su posición de autoridad moral, desde su exigencia legítima de justicia. Sabe que Michoacán podría convertirse en símbolo del voto de castigo; sabe que el gobierno y su maquinaria temen perder ese estado; sabe que la figura de una mujer que, pese al duelo, toma las riendas de su municipio y exige resultados, representa una amenaza para la narrativa triunfalista del oficialismo. Por eso la agreden: porque no pueden permitirse que el ejemplo de una mujer valiente ponga en evidencia aquello que tanto se empeñan en ocultar. Porque les da miedo que Michoacán demuestre que el hartazgo también se vota.
En un país donde las mujeres enfrentan todos los días desapariciones, feminicidios, violencia institucional y revictimización constante, resulta devastador que desde el propio Senado, símbolo del Estado y de la representación popular, se permita que un senador utilice su plataforma para insultar, estigmatizar y deshumanizar a una mujer en duelo.
¿Qué mensaje se envía cuando se tolera que un representante de la República llame “fascista” a una viuda que exige justicia?, ¿Qué clase de democracia permite que el poder sea utilizado para reproducir violencia simbólica en vez de combatirla? La violencia contra las mujeres no comienza en las calles; comienza en las palabras, en los discursos, en la forma en que se normaliza y se minimiza desde quienes deberían, precisamente, impedirla.
Que Noroña pueda hacerlo sin enfrentar consecuencias políticas, sin una sanción, sin un deslinde claro del partido, sin un freno institucional, es quizá lo más preocupante. Porque en esa impunidad discursiva se refleja la impunidad más amplia que vivimos como país: la impunidad que permite que nos insulten, que nos silencien, que nos cuestionen el duelo, la rabia o la exigencia de justicia. Si el Senado de la República quiere llamarse a sí mismo un espacio democrático, tiene la obligación moral y política de condenar y sancionar estos comportamientos. No basta con decir que “habrá que esperar a saber si Grecia se sintió vulnerada”; no basta con regaños tibios o llamados a la sensibilidad. Se necesitan consecuencias claras. Se necesita un mensaje contundente de que la misoginia no cabe en las instituciones del Estado.
El caso de Grecia Quiroz nos recuerda, una vez más, que cuando las mujeres ocupan espacios de decisión, la violencia se recrudece. Que cuando una mujer se atreve a hablar, a exigir justicia, parece algún político dispuesto a llamarla “fascista”, “ambiciosa” o “manipulada”. Pero también nos recuerda que hay mujeres que no se dejan doblar.
Que respondieron con dignidad, con firmeza y con claridad: que asumieron el cargo no por ambición, sino por honor, por memoria, por responsabilidad. Y frente a eso, la pregunta final es simple: ¿de qué lado queremos estar? ¿Del lado de quienes usan el poder para violentar, o del lado de quienes lo usan para sanar, reconstruir y exigir justicia? El silencio ya no es opción. Y permitir la misoginia desde el Senado nunca, bajo ninguna circunstancia, debe volver a ser aceptable
