Por Enrique Corrales
La política en México, y particularmente en Sinaloa, atraviesa un momento determinante que exige mucho más que la simple retórica de campaña o la gestión de la popularidad. Nos encontramos ante una realidad donde el pragmatismo electoral ha devorado la visión de Estado, dejando a la nación en un preocupante estado de parálisis operativa.
La máxima de Don Jesús Reyes Heroles, que da título a esta columna, no es solo una frase célebre, es una advertencia viva y punzante sobre el riesgo de convertir la administración pública en un espectáculo vacío mientras las instituciones se desmoronan.
A poco más de un año de la gran cita del 2027 los partidos políticos tienen la obligación ineludible de empezar a construir hoy la alternativa que el país reclama; tardarse más de la cuenta no será un error de cálculo, será una tragedia institucional.
El diagnóstico de lo que hoy padecemos es crudo: un modelo de gobernanza que ha decidido sacrificar el “Estado-Servicio” en el altar del “Estado-Cajero”. Si bien los programas sociales son un derecho constitucional que nadie debe ni puede arrebatar, la realidad práctica nos dice que la transferencia directa no sustituye la obligación del Estado de proveer seguridad, salud, educación e infraestructura.
Como señalaba Felipe González en su momento, el bienestar real no se agota en una transferencia; se construye con servicios colectivos sólidos que el dinero privado no puede comprar con la misma eficiencia que el Estado.
El amago de quienes dicen que estos apoyos desaparecerán si hay un cambio de mando es la confesión más clara de su incapacidad política; quien no tiene resultados operativos que presumir, se ve obligado a secuestrar la voluntad ciudadana a través del presupuesto. México padece hoy un gobierno federal desarticulado, donde las aduanas, las carreteras y los hospitales funcionan con alfileres porque se ha priorizado el flujo de efectivo electoral sobre la eficiencia administrativa.
Esta desarticulación tiene su réplica más dolorosa en el federalismo. Los estados y municipios viven hoy bajo el rigor de recortes draconianos que han anulado su capacidad de respuesta ante las demandas más básicas de la gente. Se ha recentralizado el recurso de manera asfixiante, dejando a los alcaldes y gobernadores como meros espectadores de una crisis operativa que ellos mismos deben gestionar sin herramientas.
La alternativa política debe proponer una verdadera “Reforma del Poder”, como la que impulsaba Luis Donaldo Colosio, que devuelva la fuerza a la periferia y fortalezca los contrapesos que hoy se encuentran bajo asedio. Un país fuerte no se construye desde un escritorio centralizado, sino desde la vitalidad de sus regiones y el respeto a sus vocaciones productivas, especialmente en estados como Sinaloa, donde el campo hoy padece el olvido de una técnica que ha sido sustituida por la ideología.
La columna vertebral de este desafío es la construcción inmediata de un programa de gobierno que sea, ante todo, un ejercicio de ingeniería política y social. Los partidos no pueden seguir ensimismados, apostando solo a la supervivencia de sus siglas. Un partido que no abre sus puertas a la academia, a los sectores económicos, a los líderes sociales y a la ciudadanía organizada, es un partido que camina hacia la irrelevancia. La gente ya sabe lo que le duele, lo vive cada vez que no encuentra medicinas o cuando la inseguridad le impide trabajar; lo que necesitan saber es que existe una fuerza política que comprende la profundidad del problema y tiene la solución técnica, el “cómo” y el “cuándo” para reconstruir lo que se ha dejado caer.
Estamos a contrarreloj. La construcción de una alternativa de contraste no se improvisa en un mitin; requiere diagnósticos profundos, alianzas sólidas y una plataforma que funcione como una hoja de ruta institucional. La plataforma política debe ser la guía de gobierno que se ofrezca ante el electorado como una garantía de certidumbre frente al caos. Si las fuerzas políticas esperan a que el calendario electoral los alcance para empezar a pensar el país, habrán fallado a su responsabilidad histórica. El 2026 es el año de la racionalidad o de la tragedia. La construcción de la salida comienza ahora, sumando voces y diseñando el futuro, porque en política, el tiempo que se pierde en el folclor se paga con el destino de las próximas generaciones.
