Por: Ericka Cerdas
El Congreso de la Unión cumplió su primer año en funciones. Ha sido un periodo intenso, marcado por la rapidez en la aprobación de leyes y reformas, pero también por la forma en que una sola fuerza política y sus aliados controlan buena parte de la agenda legislativa. Morena, acompañado del Partido Verde y del Partido del Trabajo, tiene una mayoría tan amplia que le permite avanzar prácticamente sin obstáculos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Ese dominio ha dado resultados visibles. En apenas un año se han aprobado decenas de reformas y nuevas leyes en áreas clave como seguridad, justicia y programas sociales. La gran mayoría de las iniciativas del Ejecutivo fueron avaladas casi sin cambios. En lo numérico, se trata de un Congreso muy productivo: pocas veces en la historia reciente se habían procesado tantas iniciativas en tan poco tiempo.
Sin embargo, la productividad no lo es todo. La función del Congreso no consiste únicamente en levantar la mano y aprobar, sino en analizar, discutir y enriquecer los proyectos de ley. La rapidez con la que se legisla despierta dudas legítimas sobre la calidad de los debates y sobre la verdadera autonomía del poder legislativo frente al Ejecutivo.
El predominio del oficialismo ayuda a entender esta velocidad. Con los votos asegurados, las reformas avanzan con facilidad, mientras que la oposición ha tenido un papel más limitado. Esto plantea un dilema; sí, se cumple con eficacia una agenda política, pero al mismo tiempo se reduce el espacio para la pluralidad y para la construcción de acuerdos más amplios.
A lo largo del año también hemos visto episodios que no dejan bien parado al Congreso. Los debates polarizados, las descalificaciones y hasta los enfrentamientos físicos proyectan una imagen negativa hacia la ciudadanía. En lugar de fortalecer la confianza, estas escenas terminan alimentando la percepción de que el Legislativo se ocupa más en disputas partidistas que en resolver los problemas del país.
En la mirada ciudadana, el balance es ambiguo. Muchos valoran que, al menos, “se está trabajando”, a diferencia de legislaturas pasadas que eran señaladas por la parálisis. Pero al mismo tiempo persiste la idea de que se legisla demasiado rápido, sin escuchar suficiente a especialistas, organizaciones o incluso a las minorías políticas. Y esa sensación de prisa puede terminar cobrando factura en la legitimidad de las leyes aprobadas.
También vale la pena subrayar el rol de la oposición. Hasta ahora no ha logrado articular una voz fuerte y cohesionada. Su falta de unidad ha dejado espacio para que el oficialismo imponga su mayoría sin mayores contrapesos. Recuperar un papel relevante no depende solo de tener más curules, sino de construir propuestas sólidas y alternativas claras que conecten con las preocupaciones de la ciudadanía.
Por lo tanto, el primer año del Congreso puede describirse como un periodo de alta productividad y dominio político del oficialismo. Esto ha permitido aprobar con rapidez buena parte de la agenda gubernamental, pero al mismo tiempo ha reducido los márgenes de deliberación y negociación. El reto, hacia adelante, es claro: lograr que la eficacia numérica se traduzca en normas mejor discutidas, más incluyentes y capaces de responder a los desafíos de largo plazo que enfrenta el país.
