Por Ericka Cerdas
El pasado 1 de junio, México vivió un episodio inédito en su historia democrática: por primera vez se eligieron jueces mediante voto popular. Sin embargo, el resultado no fue precisamente un hito de participación cívica. Según datos oficiales, apenas el 13% del padrón acudió a las urnas, lo que pone en entredicho no solo el interés ciudadano en esta decisión, sino también la legitimidad del proceso mismo.
Este dato invita a una reflexión más profunda sobre lo que entendemos por democracia. Si tomamos como punto de partida la noción clásica, aquella que define la democracia como el gobierno de las mayorías, resulta difícil sostener que esta elección representa la voluntad popular. ¿Puede realmente hablarse de un mandato democrático cuando nueve de cada diez ciudadanos decidieron no participar?
Desde una perspectiva filosófico-política, la legitimidad democrática no se deriva únicamente de la existencia de un mecanismo electoral, sino de su ejercicio sustantivo: la participación informada, libre y consciente del cuerpo ciudadano. Lo que vimos en México fue una puesta en escena de la democracia, pero sin contenido. Un rito vacío de ciudadanía.
Hay quienes podrían argumentar que la abstención también es una forma de expresión política. Sin embargo, cuando esta alcanza niveles tan elevados, suele responder más a la desinformación, el desencanto o la falta de pedagogía cívica que a una decisión deliberada. La confusión previa sobre cómo y por qué votar por jueces, la escasa campaña informativa y el tecnicismo del proceso judicial abonaron al desinterés. No es que la ciudadanía no quiera participar: es que no entendió qué estaba en juego.
El problema de fondo es que se ha intentado democratizar la justicia desde la forma, pero no desde el fondo. Se sustituyó el problema de la politización del Poder Judicial con una solución más simbólica que efectiva: el voto popular. Pero sin formación ciudadana, sin transparencia sobre las funciones de quienes se eligen y sin condiciones reales de participación, la promesa democrática se convierte en una ilusión.
Esto no es un simple fracaso logístico. Es una llamada de atención sobre el estado de salud de nuestras democracias. Un sistema político no se fortalece solo ampliando los mecanismos de participación, sino cultivando el sentido de lo público. Sin ciudadanos activos, informados y comprometidos, la democracia corre el riesgo de convertirse en una farsa legitimadora.
Desde el pensamiento de Rousseau, la democracia verdadera es aquella donde los ciudadanos ejercen su voluntad general, no solo votando, sino deliberando, participando y tomando decisiones colectivas.
Jürgen Habermas añadiría que esta voluntad debe construirse a través del discurso racional, del debate abierto en el espacio público. Pero cuando no hay deliberación ni información, ¿qué clase de voluntad se está expresando? Lo ocurrido en México responde más a una democracia procedimental, como la define Norberto Bobbio, que a una democracia sustantiva. Las formas están ahí: papeletas, casillas, urnas; pero el fondo, la convicción ciudadana, el sentido del voto, brilla por su ausencia.
Y mientras la elección judicial avanzaba en medio del vacío, en otros escenarios del país la ciudadanía sí habló, aunque en voz baja. En estados como Durango y Veracruz se vivieron reacomodos políticos significativos. El PRI y el PAN lograron avances importantes, y en algunos municipios del sureste, el Partido Verde capitalizó el desencanto con Morena. No puede afirmarse que haya habido una ola opositora, pero sí señales claras de que la ciudadanía busca otras alternativas. Se podría decir que donde la gente entendía lo que estaba en juego, como los gobiernos locales, control territorial, políticas municipales, hubo una participación más consciente. Eso también habla de la necesidad de reconectar el voto con lo tangible, lo cercano, lo que verdaderamente transforma la vida cotidiana.
El caso mexicano debería hacernos repensar nuestras estrategias para fortalecer las instituciones, pero, sobre todo, para educar políticamente a la ciudadanía. Porque cuando solo el 13% decide, no estamos ante la voluntad de las mayorías, sino ante el eco vacío de un sistema que aún no logra reconciliar forma y fondo.
Lo ocurrido el 2 de junio no debe tomarse a la ligera. Es un espejo incómodo que revela no solo la fatiga democrática de una sociedad cada vez más desconectada, sino también la urgencia de reinventar los vínculos entre ciudadanía, instituciones y poder. Porque una democracia sin ciudadanos no es una democracia débil: es una democracia en peligro.
